La Sala I de la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de un grupo de ex gobernadores e intendentes que habían sido acusados por los desmanejos financieros del plan Sueños Compartidos, que ya está elevada a juicio oral hace más de un año.

Entre los beneficiados aparecen Gerardo Zamora (gobernador de Santiago del Estero), Jorge Capitanich (gobernador de Chaco), Maurice Closs (senador y ex gobernador de Misiones), Darío Giustozzi (ex intendente de Almirante Brown), Miguel Lifschitz (ex gobernador de Santa Fe), Alejandro Granados (intendente de Ezeiza), Julio Zamora (intendente de Tigre), entre otros.

En primera instancia, el juez Marcelo Martínez de Giorgi había sobreseído a los ex funcionarios provinciales y municipales que recibieron las obras de las Madres de Plaza de Mayo por entender que “los fondos comprometidos provenían del Estado nacional y desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo como condición excluyente para su asignación”.

Para el juez, los funcionarios fueron forzados a “desempeñar un rol insustancial limitándose a requerir los respectivos financiamientos sin cuestionar los condicionamientos impuestos” de los que idearon la maniobra.

De esta manera, en el juicio sobre el plan “Sueños Compartidos” solo estarán los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, la titular de las Madres Hebe de Bonafini, los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Julio de Vido, José López y Abel Fatala, y el financista Fernando Caparrós Gómez, entre otros.

El juicio, todavía sin fecha, estará a cargo del Tribunal Oral Federal 5, el mismo que juzgará a la ex presidenta Cristina Kirchner por las maniobras investigadas en Los Sauces y Hotesur.

El caso

El escándalo arrancó el 25 de mayo de 2011, a partir de una investigación periodística, y fue un cimbronazo político en plena campaña electoral. Al comienzo, el ex juez Norberto Oyarbide se encargó de investigar sólo a los Schoklender y a sus allegados. Pero esa investigación terminó siendo un fracaso.

En agosto de 2013, la Cámara Federal decidió anular todo y apartar a Oyarbide. Desde entonces, el expediente se concentró en el juzgado de Martínez de Giorgi, que ya tenía una denuncia contra los funcionarios.

La Justicia pudo probar que hubo un desvío de más de 200 de los $750 millones destinados al plan de viviendas. El centro de la estafa fue el descuento de los cheques oficiales en cuevas de la City para obtener efectivo.

Parte del dinero terminó en cuentas de los Schoklender y sus allegados, en empresarios agropecuarios ($100.565.644) o en empresas bursátiles o financieras ($22.286.127).