Frente a las quemas graves y persistentes que desde hace meses afectan a las islas que componen el Delta del río Paraná, se puso otra vez en debate la necesidad de avanzar con una ley de Humedales que garantice recursos y herramientas de gestión para proteger a estos ecosistemas, que cubren el 21% del territorio argentino y además, son un paisaje tradicional santafesino.

La Ley de Humedales volverá a tratarse en el Congreso nacional después que el diputado nacional por el socialismo Enrique Estévez, presentara esta semana un nuevo proyecto basado en los dos anteriores (2013 y 2015), pero que concentra “una propuesta actualizada que incorpora precisiones para su mejor interpretación e implementación”, según consta en el texto.

La confección de un inventario de humedales a nivel nacional, la idea del ordenamiento territorial como “herramienta para equilibrar objetivos económicos, sociales y ambientales” y la incorporación de la perspectiva de género son algunas de las líneas que sustentan la propuesta, que fue elaborada con la colaboración de universidades, organizaciones civiles y especialistas.

La sanción de esta ley aparece como más urgente que nunca, en un año en el cual la cantidad de quemas en el Delta del río Paraná ya es récord: “La pérdida y degradación de humedales es muy preocupante, ya que contribuye al calentamiento climático al transformarse estos sumideros naturales de carbono en fuentes de emisiones”, señala un trabajo de Wetlands International, que agrega que la degradación de estos ecosistemas se debe en gran medida a que las actividades productivas, los desarrollos urbanos y las infraestructuras implantadas fueron adoptadas sin tenerse en cuenta las particularidades de su estructura y funcionamiento.

Tierra y vida

Según se especifica en el documento “Recomendaciones y fundamentos para una ley de presupuestos mínimos de Humedales”, elaborado por un conjunto de organizaciones ambientalistas, estos ecosistemas se destacan por la gran cantidad y diversidad de beneficios (bienes y servicios ecosistémicos) que aportan a la sociedad, entre los cuales están el abastecimiento de agua, la amortiguación de las inundaciones, la reposición de aguas subterráneas, la estabilización de costas, la protección contra las tormentas, la retención y exportación de sedimentos y nutrientes, la retención de contaminantes y la depuración de las aguas.

También proveen hábitat, alimento y refugio para el sostén de la diversidad biológica y son ecosistemas de importancia respecto al cambio climático, tanto para los procesos de mitigación (algunos intervienen en el secuestro y almacenamiento de carbono de manera tal que constituyen el principal reservorio de este elemento), como para los 20 procesos de adaptación dado que actúan como “infraestructura natural” para reducir el riesgo de fenómenos extremos como tormentas, inundaciones y sequías.

Documento ambientalista

En un documento publicado hace pocos días, las organizaciones plantean “superar la falsa antinomia entre proteccionismo/desarrollismo a fin de contar con un marco normativo que asegure un desarrollo sostenible sobre la base de un equilibrio entre sus componentes ecológicos, socioculturales y económicos.

“Es fundamental que una Ley de Humedales genere las condiciones para el desarrollo de un inventario a nivel nacional que viabilice la delimitación y caracterización de todos los humedales del país. Es fundamental que se le asigne la responsabilidad de su desarrollo a un organismo público, que se formalicen las instancias de colaboración científico técnicas e institucionales y que se dote a los responsables y los colaboradores de los recursos necesarios para su concreción”, señalaron.