El aberrante hecho sucedió en la localidad de San Javier y el hombre de 70 años permanece detenido. Aunque parezca una historia irreal, el imputado agredió a su ex mujer y fue el punto de inicio de la investigación que destapó más de 30 años de secretos.

La verdad que rodeaba la vida familiar explotaron y salieron a la luz la noche que J.C. se presentó, machete en mano, en la vivienda de su ex esposa, en la ciudad de San Javier. La insultó y acusó de estar con otro, a pesar de que hacía más de una década que no eran pareja, y sólo cesó con la llegada de la policía.

Así, la mujer hizo la denuncia y expresó una sospecha que guardaba hace tiempo: su ex marido habría abusado de su hija.

Intervino inmediatamente el fiscal de San Javier, Francisco Cecchini, mientras en la comisaría de la Mujer de misma ciudad, donde fue entrevistada la víctima, se confirmaban los temores de la madre.

Además de una iniciación sexual temprana y un sometimiento que se prolongó durante 27 años, la víctima concibió 5 hijos de su abusador, que era su padrastro. Hoy, el hombre de 70 años permanece privado de su libertad, luego de que las amenazas de muerte a su ex mujer la animaran a recurrir a la Justicia, rompiendo así con el contexto de violencia y silencio en el que vivió la familia por más de tres décadas.

El comienzo del terror

Cuando la mujer se puso en pareja con J. C., la hija de ella era pequeña, y el hombre decidió criarla como propia. Un par de años después, cuando la nena cumplió 8, comenzaron los ataques.

Durante tres años la tocó, sometiéndola a abusos gravemente ultrajantes y amenazándola de muerte cada vez que la niña lloraba. Cuando cumplió 11 años la violó por primera vez, y no se detuvo. Incluso cuando años más tarde la madre de la chica se separó de J. C. porque era cada vez más violento, este forzó a la víctima a mudarse con él.

Abuso, amenazas y armas

Las amenazas de muerte eran frecuentes, el hombre utilizaba su escopeta, además de las agresiones físicas y verbales. Los abusos continuaron durante 27 años, en los que la joven transitó por cinco embarazos. Vivieron siempre en un contexto de secretismo motivado por el terror que el resto de los miembros de la familia le tenía a J.C., en el que había muchas sospechas y ninguna certeza.

Todo cambió cuando la víctima, que hoy tiene más de 30 años, declaró durante horas en la Comisaría de la Mujer. Ya fuera de su casa y alejada de su abusador, la joven pudo manifestar lo que por tantos años fue forzada a callar.

El jueves pasado J. C. fue imputado por los delitos de “amenazas coactivas calificadas por el uso de arma y por ser cometidas por un hombre contra una mujer en contexto de violencia de género”, en el caso de su ex pareja; y “abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y calificado”, “abuso sexual con acceso carnal reiterado y agravado” y “amenazas simples, coactivas y amenazas coactivas calificadas por el uso de arma” en perjuicio de su hijastra. Todos los hechos fueron atribuidos en el marco de un claro contexto de violencia de género.

“Él decidió por ella”

El último domingo se trataron las medidas cautelares en una audiencia presidida por el juez Pablo Busaniche. En esa ocasión, el fiscal Cecchini advirtió que solicitará una pena elevada, y la equiparó al máximo que se pide en un caso de homicidio, porque J. C. “le robó la vida” a su hija, “le robó su iniciación sexual, la posibilidad de vivir el sexo con placer y libertad, le robó también la posibilidad de elegir con quién mantener relaciones sexuales y la obligó a vivir sometida”.

“Él decidió por ella cuál iba a ser su historia sexual, desde muy chiquita, en función de su propia satisfacción”, por eso “el reproche que merece desde el punto de vista penal para mí equivale al máximo del homicidio” aseguró.

La defensa, a cargo del abogado particular Dr. Nicolás Díaz ofreció medidas alternativas a la prisión preventiva. El juez Busaniche dio por acreditados todos los riesgos procesales, especialmente el de entorpecimiento probatorio, por lo que ordenó la prisión preventiva de J.C., aunque morigerada a domiciliaria con pulsera electrónica, por tratarse de una persona de 70 años que corre peligro de contraer Covid. La fiscalía no estuvo de acuerdo, y apeló la decisión.