l juez Leandro Lazzarini dictó la prisión preventiva de una mujer de 36 años por venta de estupefacientes en el barrio Los Hornos. Además, dispuso que se de intervención a la Secretaría de la Niñez para asistir a los cuatro hijos de la imputada, una de ellos, una niña de 12 años embarazada.

La posible causa del embarazo fue referida por la fiscal Laura Urquiza, quien advirtió que consta una denuncia en la que se da cuenta de un contexto de extrema vulnerabilidad de la niña, con consumo problemático de sustancias y sometimientos sexuales con hombres, propinados por una tercera persona.

La imputada, identificada como Jésica Guadalupe Perez, fue asistida por el abogado defensor particular Carlos Rittiner, quien había reclamado la prisión domiciliaria de la mujer, no sólo por tener cuatro hijos menores de edad a su cargo, sino porque además está en tratamiento por cáncer de útero.

Pérez fue detenida en su casa, en inmediaciones de Dr. Zavalla y Lavaisse, por el personal de Microtráfico de la PDI. En el lugar, se secuestraron cinco teléfonos celulares, una tablet, 65 papeles satinados con un total de 37,2 g de cocaína; envoltorios con 6,7 g de marihuana; $250.000 y elementos de fraccionamiento.

La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el equipo de microtráfico de la Fiscalía General y se enmarca en los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación en su plan de persecución penal.

Urquiza detalló en la audiencia que los agentes habían advertido, en uno de sus patrullajes de rutina, que en esa vivienda había asistencia permanente de personas, que se retiraban con un pequeño elemento en sus manos. En el frente, había un cartel que decía Kiosco, sin embargo, los “clientes” no salían con elementos habituales que se compra en ese tipo de comercio.

Es así que se continuó con la tarea de vigilancia un par de meses, hasta que se realizó el allanamiento. Cuando los policías ingresaron en la vivienda, en el lugar sólo estaba Perez con uno de sus hijos menores, un niño de ocho años; la mujer fue encontrada en el baño del lugar, intentando descartar material estupefaciente que al realizar los cotejos se comprobó que era cocaína.

La fiscal remarcó que Pérez fue condenada en 2024 por la Justicia federal en una causa similar: en 2023 se había allanado una vivienda a 50 metros del allanamiento reciente. En esa oportunidad, el hallazgo fue por casi un kilo de cocaína.

Perez cumplió prisión domiciliaria por dos años, condenada como autora del delito de tenencia simple de estupefacientes. En la audiencia realizada este miércoles en la sala 1 de Tribunales, Urquiza atribuyó a Perez la autoría de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y requirió la prisión preventiva.

A su turno, el defensor intentó cuestionar la imputación fiscal y sostuvo que no se comprobó la intencionalidad de venta del material estupefaciente; además, reclamó que la mujer recupere la libertad ya que tiene cuatro hijos de entre 8 y 16 años a su cargo, y que se debe tener en cuenta el interés superior del niño, de estar al cuidado de su madre.

En este sentido, Rittiner destacó que la hija de 12 años de la imputada está cursando un embarazo, y que debe contar con la asistencia de su madre.

Al momento de responder la posibilidad de una prisión domiciliaria para Perez a fin de asistir a su hija, la fiscal Urquiza dio detalles de lo que la propia mujer había manifestado en febrero, cuando radicó la denuncia.

En la denuncia, según relató la fiscal, Perez refirió que su hija tiene problemas de adicciones, que a veces se va de su casa y la encuentra en situaciones sexuales con hombre. En esta misma denuncia habría sindicado a una persona del barrio como quien buscaba a diferentes niñas para prostituirlas.

Esa denuncia fue remitida por la Fiscalía de Violencia de Género del MPA a la Justicia Federal por considerar que podría tratarse de un caso de trata de personas.

Al momento de resolver, el juez Lazzarini tuvo en cuenta la actitud de la mujer al momento del allanamiento, cuando arrojó el estupefaciente al inodoro, y que además la condena que ya pesa sobre Perez también está vinculada con la tenencia de estupefacientes.

El magistrado analizó también la situación de los hijos de la imputada, en especial, de la menor de 12 años. Lazzarini se preguntó si es la presencia de Pérez en la casa lo que asegura el interés superior del niño, ya que no sólo se garantiza con el cuidado materno.

Es la propia Perez la que reconoce el problema de su hija con las drogas, y a ella se le atribuye la venta de drogas, con secuestro de estupefacientes en el domicilio: “Si la niña tiene problemas con las drogas, ¿cómo puede ser la imputada responsable de cuidarla?”, razonó el juez.

Por último, también se preguntó si todos los niños convivían con Pérez en la misma vivienda donde fue secuestrado el estupefaciente, contexto que no garantiza el interés superior del niño, del mismo modo que si no conviven con su madre en esa casa.

El juez decidió dictar la prisión preventiva de Pérez y dar intervención a la Secretaría de Niñez para resguardar a los menores.

Por Andrea Viñuela / Aire Digital