El escándalo en Rosario que tiene a dos fiscales acusados de encubrimiento, corrupción y coimas, puso una vez más sobre la mesa la discusión sobre la elección de los representantes de la Justicia.

“Una función tan importante como la del fiscal general y los fiscales regionales no puede depender solo del Consejo de la Magistratura, de la elección del gobernador de turno o del acuerdo de una Asamblea Legislativa, por más representativa que ella sea.

Una función de tanta trascendencia social debe estar abierta a la ciudadanía. La gente debe poder participar en la elección de quien diseña la persecución penal en nuestra provincia, conociendo quienes son estos funcionarios y exigiéndoles que cumplan con la persecución del delito en representación de la sociedad que espera, sea por personas ampliamente avaladas por ella, para poder cumplir con tamaña tarea, como sucede en el sistema americano”, explicó el diputado provincial Oscar Martínez (Foto).

En diálogo con los medios dijo que “Vivimos en un sistema democrático y la elección por voto popular de quienes tienen responsabilidades funcionales es una regla y no una excepción. Si queremos que el ciudadano participe y tome conocimiento del funcionamiento de la Justicia, y controle el trabajo de sus funcionarios, la elección por voto popular del fiscal general y los fiscales regionales es un paso importante que debemos dar para acercar la justicia a los ciudadanos. El pasado viernes la Legislatura votó la suspensión por ciento ochenta días del fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación perteneciente a la segunda circunscripción que es la más grande de la provincia. Y el gobernador le aceptó la renuncia al Fiscal Regional. En ambos casos por aparentes hechos de corrupción. Esto pone de manifiesto claramente que debemos modificar el sistema de elección. Para ejercer las funciones como órgano de gobierno del MPA no basta rendir un concurso o acreditar antecedentes, hace falta estar legitimado por la ciudadanía y responder ante ella cuando nuestro actuar no esté a la altura de las circunstancias”, agregó “Cachi”.

Puerta giratoria

El dirigente del Frente Renovador dijo además que “aún a tono de no caer simpático a muchos abolicionistas, y a algunos que bajo ese rótulo esconden otros intereses, coincido plenamente con Sergio Massa cuando manifestó que la gente que reclama seguridad tiene razón, la inseguridad no es una sensación, es un problema que tenemos en la Argentina, y lo primero que tenemos que entender es que la seguridad debe ser abordada como política de Estado y que tiene que estar encarada con tres temas que deben abordarse en forma simultánea. En primer lugar con fuerzas de seguridad más profesionales, en segundo lugar tecnología y el tercero con un sistema judicial que no libere por liberar. En este último aspecto, la Legislatura tiene mucho por decir y debemos entender que prevención de delito y persecución penal son el anverso y el reverso de una misma moneda. Porque si la policía detiene, pero el Ministerio Público libera o no persigue, lo que prima facie ha pasado, la puerta giratoria se termina transformado en el símbolo de la impunidad más grande con la que tiene que convivir la sociedad”.

Respecto de su proyecto de elección popular para designar a los fiscales, el diputado sostuvo que ”la discrecionalidad en disposición de la acción penal pública no puede ser utilizada como mecanismo para garantizar la impunidad de quien violenta la ley penal. Y si esto ocurre, la ciudadanía no debe contentarse con una sanción disciplinaria por más grave que ella sea; la destitución debe ser por el mecanismo del juicio político con todas las consecuencias que ello implica. Como vemos las funciones del Fiscal General y de los Fiscales Regionales son de política criminal y debemos tener la posibilidad, los ciudadanos, de conocer previamente cuál va a ser la política de persecución penal del órgano estatal encargado de ejercerla, así como podemos conocer la política económica, social o de salud que pretende implementar un gobernador, un legislador o un intendente”.

Impunidad

“La provincia de Santa Fe sigue siendo la más insegura del país. Y desde hace unos años rige un sistema de enjuiciamiento penal de los denominados acusatorios.Con la sanción de la ley 13013 se terminó de configurar el cuadro dotando al Ministerio Público de la Acusación el monopolio de la persecución penal pública.Pero los resultados son aterradores.Según el informe del Fiscal General elevado a la Asamblea Legislativa- desde febrero de 2014 a junio de 2019 de 1.163.461 causas que se iniciaron, 518 concluyeron por Juicio Oral. Esto es, sólo el 0,05% de los casos investigados logró una condena por juicio oral y menos del 1 % logró una condena por vía del Procedimiento Abreviado. Analizando estos números podemos afirmar que esa sensación de impunidad ya deja de ser una sensación para convertirse en una realidad”, continuó Martínez.

“Por eso he presentado este proyecto apenas asumí, junto con otros relacionados a la lucha contra la inseguridad y la impunidad. Queremos que Santa Fe sea la primera provincia del país en la que sus ciudadanos le den forma y contenido, a través de su voto, a algo tan importante como la política de persecución penal. Que se acabe la impunidad es el desafío que tenemos por delante”, concluyó.

Con información de El Litoral.