El gobernador Omar Perotti firmó el decreto 818 junto al ministro de Seguridad, Marcelo Sain. De esta manera, el gobierno provincial invertirá más de 477 millones de pesos para comprar 220 camionetas para la Policía de Santa Fe.

En el documento, se indica que el Jefe de División Transporte del Departamento Logística (D-4) de la Policía de la Provincia solicitó la adquisición de 200 camionetas 0 km, tipo Pick Up 4x2 y 20 camionetas 0 Km, tipo Pick Up 4x4 con destino al parque automotor de distintas dependencias de la Policía provincial.

La compra de los vehículos fue en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 13.977 denominada “Estado de Necesidad Pública”, la cual prevé un Programa de Emergencia en Seguridad (Art. 36), que tiene como misión brindar seguridad a la población, resguardar los bienes públicos y privados, conjurar acciones violentas, entre otras consideraciones, todas ellas en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática.

En el mencionado decreto, también se remarca que el secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad había advertido que “el parque automotor de la Policía de la Provincia en sus distintas unidades (…) resulta insuficiente para el cabal cumplimiento de las obligaciones de la institución policial y de los objetivos de seguridad pública del Ministerio”.

La norma plantes la urgente necesidad de llevar adelante el proceso de compras “en excepción a los mecanismos de contratación habituales de Licitación Pública, garantizando la agilidad, flexibilidad, transparencia y concurrencia de posibles oferentes”.

Las empresas que presentaron ofertas fueron las siguientes: Aucam Automotores S.A., Escobar Automotores S.A. y Toyota Argentina S.A. En tanto, las ofertas de Aucam y Toyota fueron desestimadas porque “no cumplen con los requisitos fijados en la normativa y en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en las especificaciones técnicas”.

Finalmente, se adjudicó la compra directa a Escobar Automotores porque “la empresa preadjudicada cumple con lo requerido en el pedido de cotización, se ajusta técnicamente a lo solicitado, resulta conveniente y el costo se considera razonable conforme a los valores de mercado, resultando incluso de menor costo en base a un análisis comparativo con las otras propuestas recibidas”.