La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes el decomiso de bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, y del empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa Vialidad. La medida apunta a cubrir el monto de casi $685 mil millones por el que deben responder solidariamente los condenados.

La decisión ratifica lo dispuesto en 2022 por el Tribunal Oral Federal N° 2 y llega luego de un extenso recorrido judicial. Si bien la Corte Suprema había dejado firme la condena en junio del año pasado -lo que habilitó la ejecución de las penas-, el decomiso de bienes permanecía pendiente debido a una serie de apelaciones que dilataron su aplicación. Con este fallo, la Justicia cierra el último capítulo operativo de la sentencia.

Las defensas de los condenados habían intentado acotar el alcance del decomiso. Argumentaron que varios de los bienes incluidos no contaban con “trazabilidad directa” con los hechos investigados. En ese marco, la exmandataria buscó preservar dos inmuebles y diez departamentos en Río Gallegos, además de terrenos en Lago Argentino, en la provincia de Santa Cruz. Según su planteo, se trataba de propiedades cedidas a sus hijos y ajenas al proceso judicial.

Sin embargo, los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron esos argumentos y se alinearon con el dictamen del fiscal Mario Villar. En su voto, Hornos sostuvo que el decomiso no puede quedar en una “declaración abstracta”, sino que debe implicar una recuperación “real y efectiva” de los activos derivados del delito.

“La pena sólo adquiere plena eficacia institucional si se traduce también en la neutralización concreta del beneficio económico obtenido mediante el delito”, afirmó el magistrado, en un criterio que fue acompañado por su colega Barroetaveña.

La medida también alcanza a bienes de Báez, señalado como principal beneficiario del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. El decomiso se extiende a su estructura empresarial, incluida Austral Construcciones y otras firmas vinculadas a sus operaciones.

El plazo para responder por el monto fijado había vencido en agosto del año pasado, pero las apelaciones presentadas por las defensas mantuvieron en suspenso la ejecución del decomiso. Con la resolución de Casación, el Estado queda ahora habilitado para avanzar en la recuperación de los bienes.