Un abogado de San Lorenzo que hostigó, difamó y violentó por redes sociales y medios locales a una concejala de esa ciudad, deberá capacitarse en perspectiva de género y pagar una multa por reiterados incumplimientos a una orden judicial.

El Tribunal de Ética de Colegio de Abogados de Rosario fue notificado para evaluar posibles sanciones y el abordaje de la problemática. En tanto, un grupo de profesionales autoconvocados pide la renuncia del letrado.

Hace pocos días se conoció la resolución del juez de Familia de San Lorenzo Marcelo Escola, que intervino en una denuncia de hostigamiento, violencia de género y difamación que realizó a principios de abril la concejala Luciana Resquín, del Frente Progresista Cívico y Social, contra el abogado Gabriel Filippini.

La polémica se generó cuando el profesional, delegado en esa jurisdicción del Colegio de Abogados de Rosario, denunció que tras un viaje a Estados Unidos la legisladora había incumplido la cuarentena en el marco de las disposiciones sanitarias para prevenir el Covid-19.

Además de la presentación en una comisaría el letrado hizo una serie de posteos en Facebook donde atacaba a la edila por esa supuesta inconducta. El 29 de marzo viralizó un comentario donde habla de “impune conducta, irresponsable por ser funcionaria pública del municipio”.

Tras recibir una serie de ataques a través de comentarios donde algunos vecinos la trataron de inhumana y de quedar expuesta al escarnio público, Resquín se puso a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En una presentación espontánea, y sin que existiera aún imputación alguna por ese supuesto incumplimiento de la cuarentena, acompañó una copia de su pasaporte para dejar constancia que su regreso de Estados Unidos se concretó el 11 de marzo, por lo cual el 25 de ese mes ya había cumplido con el aislamiento.

“Me comunique con Filippini, pidiéndole por favor que retire esa publicación. Como respuesta me dijo que no lo iba a hacer, y que iba a seguir hablando todo lo que a él le diera la gana, que no iba a parar hasta destruirme”, indicó la concejala.

Según la mujer, el profesional abogado actuó “desde la jerarquía de su cargo como delegado del Colegio de Abogados. Desde ese lugar de poder, se permite lanzar semejante escrache público”, amplió.

En otro posteo Filippini cuestionó a la concejala y los ataques no cesaron, hasta tuvieron un tinte político. Es que luego de una cesión donde el abogado hizo otro comentario en Facebook donde refirió: ¿”A Resquín le preocupa la salud de los abuelos? A mí me preocupa si dio explicaciones y declaro frente al fiscal por la presunta violación del aislamiento obligatorio. Una vergüenza”.

El comentario fue hecho luego de que el Concejo solicitara al Pami un informe sobre los medicamentos. Para la víctima, esa crítica tuvo la intención de “defender a una compañera” del abogado de militancia política titular del Pami. Pero el ataque lo dirigió solamente a la concejala cuando el proyecto fue votado por todos los ediles.

El fiscal Maximiliano Nicosia reunió una serie de elementos y desestimó la denuncia del abogado por atipicidad. Entendió que la fiscal no había roto la cuarentena. Luego, con fundamentos, se lo comunicó al denunciante, que no recurrió la resolución ni apeló a vías extraordinarias, por lo que la decisión del fiscal quedó firme.

Al mismo tiempo la concejal presentó una denuncia contra el abogado ante el juez de Familia Escola. Lo hizo amparada en la ley provincial 13.348, que reglamentó la conocida ley Micaela en Santa Fe, que obliga la capacitación en género y violencia contra las mujeres en los tres poderes del Estado.

Descrédito y humillación

El el 16 de julio el juez le ordenó a Filippini “abstenerse de realizar publicaciones y/o emitir opiniones públicas por cualquier medio, y cesar en cualquier acto de violencia, hostigamiento y persecución contra Resquín.

En ese expediente la mujer narró diversas situaciones que le tocó vivir luego de los comentarios de Filippini. Dijo que fue víctima de un “accionar violento, en forma reiterada y con ensañamiento”, y que el profesional utilizó “métodos mediáticos para socavarle la dignidad, causar daño emocional y disminución de la autoestima”.

La concejala narró que el comentario del abogado buscó “perjudicar y perturbar el pleno desarrollo personal, mediante acoso, hostigamiento, humillación, deshonra y descrédito público, recurriendo a la red social Facebook como una modalidad del escrache público”. Y lógicamente solicitó el cese de las conductas intimidantes.

Ante el repudio público y los cuestionamientos de varios colegas, muchos de los cuales le pidieron la renuncia a su cargo en el Colegio de Abogados, Filippini hizo otra publicación en Facebook donde ensaya una supuesta disculpa. Pero menciona otra vez la concejala, y desliza que la iba a denunciar.

El 6 de abril de 2020 ante la visita de concejales a los barrios de San Lorenzo, el letrado tuvo expresiones prejuiciosas. Dijo que edilas estaban vestidas “como si fueran a una fiesta de alta gama, con carteras, relojes, tacos altos”. El 27 de abril, también volvió a viralizar un escrito de la denuncia contra la concejala.

A pesar de la orden del juez, el 4 de agosto realizo una nueva publicación desde su teléfono en un grupo de WhatsApp del foro de San Lorenzo (donde hay 135 profesionales) donde publicó un detallado informe de la causa penal, que en ese momento ya estaba desestimada por el fiscal Nicosia.

“No quedan dudas del carácter misógino de sus escraches. Desacredita a las mujeres. Todos los concejales vamos a los barrios, pero Filippini solo repara en el género femenino a fin de lanzar criticas humillantes, atacando la autoestima”, dejó asentado en el expediente de Familia la concejal.

Posición de superioridad

En esa causa, donde se detalla paso a paso el conflicto, la legisladora plantea que queda en evidencia “la posición de superioridad como varón en la que se coloca el denunciado para lanzar críticas a las mujeres. Parecería que no dejaría ni uno de los supuestos previsto por la ley de Protección Integral para erradicar la violencia contra las mujeres, sin incurrir en su violación concreta”.

Como el abogado incumplió una y otra vez la orden de judicial de detener los comentarios y ataques, hace pocos el juez se vio obligado a sacar una nueva resolución judicial que busca ponerle freno a la cuestionable conducta del letrado.

En cuatro puntos Escola reitera las restricciones dispuestas el 16 de julio, y realizar un severo llamado de atención a Filippini para que cese “de manera definitiva su actitud de hacer publicaciones y/o emitir opiniones públicas por cualquier medio,y cesar en cualquier acto de violencia, hostigamiento o persecución contra Resquín”.

Pero además le aplicó una multa  de 4.434,84, a depositar en el plazo de cinco días de notificado del fallo, bajo apercibimiento de multa de 100 pesos diarios por cada día de atraso. También remitió copias del expediente al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Rosario para que la entidad tome conocimiento, si correspondiera las medidas que entienda adecuadas.

Ese punto tiene directa relación con la aplicación de la Ley Micaela, ya que además se le da intervención al Instituto de Género del colegio para que presten apoyo a Resquín (también abogada) y citen a Filippini para que reciba la capacitación personal y profesional en perspectiva de género.

La metodología y el cumplimiento de esas medidas deberán ser informadas al Tribunal de Familia, que podría emitir nuevas sanciones si el denunciado no cumple con las pautas impuestas por el juez.

Fuente: La Capital