A partir del decreto 273/2025 que habilita la importación de maquinaria agrícola usada, es necesario despejar de entrada una incógnita que hoy preocupa al gobierno de Santa Fe, desvela a tres localidades industriales sureñas del departamento Belgrano ( Las Parejas, Las Rosas y Armstrong) y a numerosas agremiaciones empresarias locales. ¿Hay chances de que el gobierno nacional dé marcha atrás con la medida? La respuesta es, en principio y al final de las primeras gestiones, que no.
El contenido del decreto 273 (que modifica una resolución de 1994 firmada por Domingo Cavallo) estaba anunciado desde el mismo momento que se impulsó la apertura importadora para alimentos, bienes intermedios y terminados; y es una de las condicionalidades menos publicitadas del acuerdo entre el gobierno norteamericano, el FMI y el gobierno nacional. De modo tal que dar marcha atrás no está entre las prioridades primarias, ni secundarias del gobierno nacional.
El mismo martes 15 de abril en que se publicara en el Boletín Oficial –y al tanto de la molestia que produjo el decreto de marras en la Unión Industrial Argentina y en la Federación Industrial de Santa Fe–, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tuiteó que “el CIBU es un trámite absurdo, no permitir que los trabajadores accedan a máquinas y equipos a menor precio es sencillamente cruel”.
El CIBU es el Certificado de Importación de Bienes Usados que hasta ahora era indispensable para justificar la importación de maquinaria de segunda mano, que estaba prohibida desde hace más de 30 años para proteger encadenamientos productivos nacionales.
El tuit del ministro es notable y plantea algunas conjeturas: ¿proteger la industria nacional es absurdo? Si los trabajadores operan, pero no son propietarios, ¿por qué sufrirían por no poder importar tractores y cosechadoras norteamericanas usadas? ¿Qué serán la sencillez y la crueldad para Sturzenegger?
Consultados para esta nota, integrantes de federaciones y asociaciones empresarias santafesinas produjeron declaraciones en on y en off the record. Rafael Catalano, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (en donde se juegan 23 mil puestos de trabajo), asegura: “Nosotros vamos a sentir el cimbronazo, va a golpear a toda la cadena de insumos, agropartes y maquinaria terminada. Pero los más perjudicados van a ser los trabajadores del sector”.
Fuera de micrófono, dirigentes de primera línea que tomaron contacto con funcionarios provinciales son también pesimistas: “Es un golpe a la producción que agrega valor localmente y va a afectar la vida cotidiana de miles de personas en una región clave para nuestra provincia, ese es el verdadero absurdo y no lo que apunta el ministro. Es una medida de coloniaje pleno”.
Al momento de cerrar esta nota, no había noticias tampoco de ninguna compensación impositiva para bienes de capital y maquinaria local, gravados con alícuotas de entre el 30 y el 40% (con lógico impacto en los costos), ni líneas crediticias para financiamiento de capital de trabajo o inversiones productivas, hoy impactadas por la suba de tasas para alimentar la tercera versión del carry trade y que los agentes económicos permanezcan en pesos.
A los productores de maquinaria agrícola se les presenta una tormenta con tres frentes: por un lado, la baja de ventas por el preocupante horizonte que impone la suba de aranceles de Donald Trump para las producciones agropecuarias y la baja global del precio de materias primas alimenticias y energéticas; por otro, la invasión de maquinaria sobrante y obsoleta proveniente de Estados Unidos, México o Canadá; finalmente, el impacto arancelario sobre agropartes (cabezales maiceros, embolsadoras, extractoras de granos) que poseen una incidencia menor en el volumen de exportaciones argentinas, pero se embarcan al mercado norteamericano.
Preocupación en Las Parejas, ¿lloran Las Rosas?
Las ciudades santafesinas de Armstrong, Las Parejas y Las Rosas concentran más de 200 establecimientos dedicados a la fabricación de maquinaria agropecuaria, son un clúster de desarrollo industrial indudable que emplea a 10.300 trabajadores entre directos e indirectos. Pero el entramado metalmecánico de la provincia de Santa Fe, que ser verá afectado por la importación de maquinaria usada, cuenta con más de 2.000 fábricas que emplean a 50 mil trabajadores.
No son buenas noticias para una provincia afectada en el norte y el centro (Reconquista, Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone) por la crisis sin solución a la vista del Grupo Vicentin SAIC y que afecta a 1.300 trabajadores, sumados a los más de 500 despidos y retiros voluntarios de la automotriz General Motors ubicada en la localidad de Alvear y que ahora suma al complejo industrial metalmecánico en el sur, con epicentro en el departamento Belgrano y los trabajos calificados cuantificados en esta nota.
Hay dos preguntas pertinentes ante la confirmación de que no habrá marcha atrás en la medida por parte del gobierno nacional. La primera está prácticamente contestada y es sobre el impacto económico, cultural y social que tendrá en las localidades afectadas. La otra es cómo la gente elabora causalidades y asigna responsabilidades a la hora de identificar y explicarse sus problemas, así como también las posibles soluciones.
En el tramo final de las campañas para convencionales constituyentes y PASO para concejales santafesinos, el debate sobre la apertura económica dispuesta por el gobierno nacional y su impacto en el aparato productivo local estuvo presente. Y si bien los porcentajes de ausentismo fueron los más altos desde 1983, la suma de las dos propuestas electorales que se identifican con el gobierno nacional –que promulgó el decreto 273– se afianzó como segunda fuerza para la categoría convencionales por distrito único y el candidato de La Libertad Avanza (que es además intendente de Las Rosas) se impuso holgadamente como convencional departamental.
Y así como nunca abonaremos la tesis de que las sociedades votan contra sí mismas, o de la soberbia que asegura que hay quienes votan bien o mal, sí daremos por cierto que son esas mismas sociedades –no sus dirigentes– las que sobrellevan los costos de sus decisiones electorales y las que deben sacar las conclusiones adecuadas de sus aciertos y errores.
Mientras tanto, decenas de empresas medianas y pymes (el 88% del total en el rubro maquinarias y agropartes) deberán reconfigurar sus costos y precios para adaptarse a una competencia desigual o –como ya asumen en el sector empresario– lisa y llanamente desaparecer.
Por Javier Gatti / Aire Digital
