El Ministerio de Obras Públicas de la Nación logró un acuerdo mutuo con las contratistas a cargo de los corredores viales A, E, F y Sur y extinguió el contrato de forma unilateral con la empresa del corredor C. Vialidad Nacional se irá haciendo cargo de las obras por etapas.

La medida alcanza en territorio santafesino a los corredores de las rutas N° 9 (Autopista Rosario-Buenos Aires y autopista Rosario-Córdoba), las rutas Nº 11, 34, 33, A-008 (circunvalación Rosario) y la A-012, así como la N° 7, que pasa por el extremo sur santafesino.

De este modo, y a dos años de la fallida implementación del macrismo del esquema de Participación Público - Privada (PPP) el gobierno nacional rescindió cinco de los seis contratos debido a que las empresas a cargo de los corredores viales “incumplieron sus obligaciones y solo ejecutaron, en promedio, el 2 por ciento del Plan de Obras”, informaron las autoridades nacionales.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis (foto), señaló: “Rescindimos los contratos PPP de cinco corredores viales, después de dos prórrogas otorgadas a las contratistas. Le pusimos fin a un modelo ruinoso del macrismo, que fracasó y perjudicó los intereses de los argentinos y argentinas”.

Frente a los incumplimientos por parte de las concesionarias, el pasado 27 de mayo se intimó a todas las empresas a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindirlos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre.

Luego de estas instancias, el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, llegó a un acuerdo mutuo con las contratistas PPP del Corredor A conformada por Paolini Hnos S.A., Vial Agro S.A. y INC Spa Italia; y del Corredor Sur con Rovella Carranza S.A., JCR SA y Mota-Engil (Portugal). Asimismo, en septiembre ya se había alcanzado un acuerdo mutuo con la contratista conformada por Helport S.A., Panedile S.A., Eleprint S.A., Copasa (España), a cargo de los corredores E y F, para la extinción de los contratos.

Para el Corredor C, que estaba a cargo de José Cartellone Construcciones Civiles SA, la rescisión del contrato se dio de manera unilateral por falta de presentación del cierre financiero y se le está aplicando la cláusula de ejecución de las garantías.

En el caso del Corredor B, a cargo de China Construction América S.A. y Green S.A., el Ministerio de Obras Públicas evalúa el cierre financiero presentado a fin de mes pasado en función del cumplimento de los contratos.

“Fueron contratos diseñados para favorecer al sector financiero. Las obras tuvieron una ejecución de solo el 2 por ciento en promedio y le iban a salir al Estado tres veces más. Alcanzar estos acuerdos significa ahorrarle a la Argentina un costo millonario en dólares”, señaló Katopodis. Y remató: “Estas obras van a pasar a Vialidad Nacional, pero las vamos a hacer de manera responsable, seria y por etapas. El plan de infraestructura nacional va a ser eficiente, equitativo y federal”.

A partir de estos acuerdos, los cinco corredores serán administrados por Vialidad Nacional, a través de Corredores Viales S.A., que irá realizando las obras por etapas mediante un programa de recuperación que forma parte del Plan Nacional de Obras Públicas.

El presidente de la empresa pública, Gonzalo Atanasof, señaló: “Sin dudas, la decisión política de que una empresa de gestión pública administre los corredores por los que cada día viajan miles de argentinos y argentinas, es la garantía de que las rutas van a dejar de ser percibidas como un negocio privado para pocos”.

“Estamos convencidos de la importancia de nuestros corredores para el desarrollo de un país más federal, por lo que trabajamos a diario para devolverles su función social. En Corredores Viales actuamos bajo el compromiso de sostener una gestión eficiente que brinde el servicio de excelencia que merecemos”, comentó Atanasof. En este sentido, desde la empresa aseguraron que las fuentes de trabajo serán preservadas y el personal que actualmente se encuentra desarrollando tareas en los corredores adquiridos permanecerá.

Finalmente, enfatizó la relevancia del Estado Nacional para reforzar la seguridad vial: “En un trabajo conjunto con Vialidad Nacional y con el Ministerio de Obras Públicas, nos encargamos de gestionar y materializar las obras necesarias de conservación y mantenimiento que permitan una mayor seguridad a los y las usuarias de los corredores”.

Contratos PPP

En julio de 2018, se concesionaron seis corredores viales bajo la modalidad PPP. Los contratos implicaban que el financiamiento, la realización de las obras, la concesión del mantenimiento y la explotación comercial quedaban a cargo del sector privado.

En todo este período, las obras de fondo no avanzaron y las empresas no han conseguido el financiamiento para construir las autopistas. Luego de más de dos años, las inversiones mínimas y la ejecución física del Plan de Obras Principales llega en promedio solo al 2%.

Asimismo, estos contratos debían impactar en el Programa Rutas Seguras que prometía la realización de 4 mil kilómetros, pero “solo hicieron seis kilómetros” aseguran desde Nación.

En conjunto, los seis proyectos prometían una inversión de 5.400 millones de dólares en cinco años para la construcción de 3.400 kilómetros de autopistas y rutas. “Sin embargo, el costo total era bastante más elevado, ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo: entre 10 mil y 13 mil millones de la misma moneda, dependiendo del nivel del riesgo país. De esta manera, este mecanismo de contratación traía aparejado un costo adicional a la construcción de las rutas por el impacto del costo del financiamiento”, destaca el comunicado oficial.

Además, estos contratos se realizaron en dólares, tanto para el costo del financiamiento como para la ejecución física de las obras, una política que podría “perjudicar la administración de las divisas de la Nación y debilitar las reservas del Banco Central”.

Los contratos incluían, además, la concesión gratuita de la explotación de las áreas comerciales (fundamentalmente estaciones de servicio para venta de combustibles y alimentos). De esta manera, los contratistas han estado percibiendo los beneficios producto de las concesiones desde agosto de 2018.

En julio de 2019, el gobierno anterior suscribió una adenda (añadido) de los contratos PPP, que tuvo como objetivo “condonar el incumplimiento de las condiciones básicas de los contratos, fundamentalmente la falta del financiamiento exigido para realizar las obras”, afirman desde el Ministerio.

El nuevo cronograma de avance de obras dispuesto en la adenda “tampoco se cumplió y en algunos casos la parálisis es total. La mayoría de las empresas tampoco han podido realizar el cierre financiero, es decir que el financiamiento privado para las obras sigue sin concretarse, ni han cumplido con el incremento del monto de la garantía de cierre financiero de acuerdo a lo estipulado en los contratos”.