Lejos de apaciguarse, la tensión entre el poder político y el poder judicial en la provincia de Santa Fe sigue profundizándose y se acentúa la crisis institucional. La causa que involucra al senador Armando Traferri con organizaciones dedicadas al juego clandestino destapó un escenario de connivencia política y judicial sin antecedentes.

A raíz de la denuncia que el senador Traferri presentó contra los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra –quienes encabezan la investigación del juego clandestino- ante la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Provincia de Santa Fe emitió un duro comunicado en el que acusa a cierto sector de la política provincial de ser cómplice de Traferri.

Según la asociación el senador por el departamento San Lorenzo denunció a los fiscales porque “cometen la osadía de intentar llevarlo a juicio” para que se determine “si es o no culpable de recibir coimas, de hacer tráfico ilegal de influencias, de manipular a funcionarios judiciales y policiales para favorecer empresas ilegales de juego clandestino, entre otras probas contribuciones al bienestar de la Provincia de Santa Fe”.

En uno de los tramos más duros del comunicado, la entidad que representa a los fiscales de la provincia apuntó contra 15 de los 19 senadores provinciales e incluyó a la vicegobernadora de la provincia, Alejandra Rodenas. “Pesan sobre la cabeza de toda y todo fiscal que se atreva a investigar casos que pongan en peligro los intereses del poder, espadas que no tiene nada que ver con Damocles. Además, no es una sola, son muchas. Se trata de las espadas de Baucer o, de Berra, de Borla, de Cornaglia, de Diana, de Enrico, de Giacomino, de Gramajo, de Marcón, de Michilig, de Pirola, de Rasetto, de Rodenas, de Rosconi, de Sosa, de Traferri, de cualquier Diputada o Diputado, o de cualquier pariente de cualquiera de ellos, o de cualquier mecenas, acólito, esbirro, financista, aliado, favorecido, amigo, socio, amigo del socio, socio del amigo, financista del aliado del amigo del socio”.

Según los fiscales, la ley que le da la facultad a la Legislatura de sancionar a los integrantes del MPA tiene un único objetivo político: “Disciplinar a cualquier fiscal que intente avanzar en investigaciones que puedan incriminar a políticos y poderosos”.

En ese contexto, la Asociación de Fiscales le reprochó al poder político hacer “gala de una enorme capacidad de construcción de consensos. La dirigencia provincial ha logrado el mismo nivel de capacidad de negociar y encolumnarse detrás de un objetivo para asegurar el blindaje del senador Traferri”.

En la misma dirección, sostienen que el amparo de los privilegios para Traferri “es posible solo a partir de la aquiescencia de la mayor parte del arco político santafesino, que desde hace tiempo protege al contumaz senador.

“Desde 2017, la mayoría de los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo construyen impunidad monolíticamente”, denuncia la Asociación de Fiscales del MPA.

Los fiscales también expresaron críticas a los medios de comunicación a quienes acusan de cubrir “con velos de silencio y oscuridad el status quo. Mientras que las crónicas sobre muertes, violencia y delincuentes de baja estofa pueblan las páginas de los portales de noticias, los graf de televisión y el aire de las radios, los crímenes de los poderosos se pierden en el jubileo de las finanzas mediáticas”.

“¿Hasta cuándo serán cómplices de la impunidad del senador Traferri? ¿Hasta cuándo seguirá siendo válido el patoterismo contra las y los funcionarios judiciales? ¿Hasta cuándo van a continuar sosteniendo el actual régimen disciplinario para las y los fiscales del MPA, como herramienta de extorsión? ¿Hasta cuándo?”, le cuestionaron los fiscales al poder político de la provincia de Santa Fe.

En otro tramo del comunicado, los fiscales advirtieron que no es “novedosa” la actitud de Traferri de denunciar a funcionarios judiciales que no fallan de acuerdo a sus intereses. “Cuando ambos fiscales (Edery y Schiappa Pietra) impulsaron una declaración de inconstitucionalidad de la norma que protege con fueros de impunidad al senador, Traferri los denunció. Cuando la fiscala Haurigot desestimó esa denuncia, Traferri la denunció. Y cuando la jueza Más Varela condenó al exfiscal Ponce Asahad, cómplice confeso de Traferri, denunció a la jueza”, precisaron.

La asociación aseguró que “la acción sistemática de avasallamiento contra las y los funcionarios del Poder Judicial que intentan acusar y enjuiciar a Traferri” comenzó en 2017. En ese entonces dos fiscales del MPA iniciaron una investigación por utilización indebida de subsidios, a partir de la denuncia presentada por el dirigente político rosarino, Jorge Boasso. “Entonces, los senadores en bloque denunciaron a ambos fiscales ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura. En ese momento, ocho años después, se dieron cuenta de que la ley 13.013, aprobada en 2009, no otorgaba facultades disciplinarias sobre las y los fiscales a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura”, relata el comunicado y agrega que la política hizo “lo más sencillo: cambiar la ley para ajustarla a sus necesidades políticas”.

Por último, la Asociación de Fiscales de Santa Fe también deslizó críticas al exgobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, fallecido por covid. “La ley se aprobó, literalmente, entre gallos y medianoche, por unanimidad de las y los integrantes de ambas cámaras. Las y los fiscales le pedimos al gobernador Lifschitz que vetase la ley. El gobernador honró sus alianzas con las y los legisladores y la promulgó. Así comenzó la historia de la debilitación institucional del Ministerio Público de la Acusación”.