13 de junio de 2024

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Está en duda el pago de la deuda a Santa Fe tras el rechazo del Presupuesto

Tras el rechazo del Congreso de la Nación del Presupuesto 2022, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo que una de las consecuencias se verá en “el cálculo de recursos para las provincias”. De esta manera, advirtió que el pago de la deuda que la Nación tiene con Santa Fe puede no hacerse.

“En el dictamen también se incluyó un artículo autorizando al jefe de Gabinete de ministros, a disponer las acciones necesarias para dar cumplimiento a las resoluciones de liquidación de las condenas judiciales firmes a favor de las provincias de Santa Fe y de La Pampa”, dice Massa en un documento publicado en sus redes sociales, en donde advierte de las "consecuencias" del voto negativo al Presupuesto del gobierno de Alberto Fernández.

“Esto implica una importante pérdida en el proceso de cumplimiento de pago para ambas provincias”, señala. A principios de diciembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció, mediante un fallo, el monto y la modalidad de pago de la deuda que Nación mantiene con la provincia de Santa Fe por los fondos coparticipables. Se trata de un reclamo histórico que varios gobiernos encararon ante las autoridades nacionales. Según las primeras estimaciones, el monto actualizado asciende a 86.000 millones de pesos, aunque la provincia de Santa Fe reclamará una suma superior a los 100.000 millones.

Este domingo, en varios Twitter, Massa advirtió a los gobernadores sobre las “consecuencias” del rechazo del Congreso al Presupuesto 2022 y el informe fue retuiteado por el presidente Alberto Fernández.

En el documento, el oficialismo manifiesta cómo el rechazo al Presupuesto 2022, provocará “efectos negativos en relación con la transferencia de recursos a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los municipios”, a la vez que remarca: “Esta situación llevaría a muchas provincias y legislaturas municipales a tener que revisar sus presupuestos para adecuar los recursos coparticipables que reciben mes a mes”.

Según se indicó en el documento, se prevé que “por la reducción de fondos coparticipables perderían en total más de $180.000 millones”, monto que incluye una disminución de la recaudación por bienes personales de $76.312 millones y del impuesto a las ganancias de $104.254 millones a nivel nacional.

El escrito señala que “el primer efecto negativo se verificará de manera directa en los recursos coparticipables del impuesto sobre los bienes personales, por el que al 30 de noviembre pasado el Gobierno nacional llevaba recaudados cerca de $246.000 millones”.

“En diciembre de 2019, la mayoría oficialista en el Congreso sancionó la ley de emergencia delegando en el Ejecutivo la potestad de aumentar hasta 100 % y hasta por dos ejercicios (2019 y 2020) las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales. Para la escala superior, de patrimonios personales superiores a $18 millones, la alícuota se elevó de 1,25% a 2,25 por ciento”, añade.

En el documento se indica luego: “El proyecto de presupuesto contemplaba la prórroga de esta facultad delegada. Como el proyecto fue rechazado, la tasa máxima del impuesto será del 1,25% para el período fiscal 2021. Esto tendrá un efecto inmediato sobre la masa coparticipable: $76.312 millones no se girarán durante el 2022 a las Provincias y CABA por esta menor recaudación”.

En tanto, “el segundo impacto negativo a nivel tributario será la reducción de la recaudación en el impuesto a las ganancias dado que se comenzará a aplicar de manera 'plena' el ajuste por inflación impositivo. Esto impactará en un efecto inmediato sobre la masa coparticipable: $104.254 millones no se girarán durante el 2022 a las Provincias y CABA por esta menor recaudación”.

Además se indica: “Como se había consensuado una suba extra al 'Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País' de $27.000 millones a $46.000 millones, muchas provincias perderían cerca de $19.000 millones extras de subsidios al transporte”.

Según se informa, las provincias perderán otros beneficios previstos en el proyecto, entre los que se destacan: “La posibilidad de establecer Áreas Aduaneras especiales y ampliar las zonas francas existentes (esto genera una fuerte pérdida de oportunidades para provincias como Misiones, Mendoza, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Salta); el Plan plurianual de obras por un monto de $902.685 millones; el régimen de refinanciación de deudas con Cammesa (que afecta directamente a las provincias de Chubut, Mendoza, Jujuy, Buenos Aires, Misiones, La Rioja, Córdoba y Neuquén; y AMBA); y el cumplimiento de pago para los juicios ganados por las Provincias de Santa Fe y La Pampa”.