El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe investiga el destino de unas 900.000 municiones compradas por la Policía en 2018 que no están registradas en el stock de la fuerza, a la vez que busca mejorar los controles sobre las armas estatales que, en algunas investigaciones, aparecieron alquiladas a bandas criminales.

El titular de la Agencia de Control de Armas, Lautaro Sappietro, explicó a Télam que en 2017 el gobierno provincial inició una licitación para la adquisición de municiones, entre ellas un millón de calibre 9 milímetros, que ganó Fabricaciones Militares (FM).

En abril de 2018, Fábrica Militares preguntó en un expediente a la Policía si habían recibido el material, y la institución avaló por escrito la recepción de esas balas que utiliza la fuerza de seguridad de Santa Fe.

“Cuando llegamos (al Ministerio de Seguridad) no teníamos datos del stock actual”, dijo Sappietro, y para agregar que emitió una circular a las direcciones generales y las 19 Unidades Regionales para que informaran al respecto.

El inventario dio como resultado que quedaban 102.118 municiones 9 milímetros en manos de la Policía.

“En 28 meses se gastaron 897.882 municiones, que tienen dos destinos: para entrenamiento, en el marco de cursos habilitados, no para práctica de tiro; y las demás en enfrentamientos”, explicó el funcionario.

“Nos da un uso de 1.032 municiones por día. Nos llamó la atención, aunque a lo mejor tiene explicación. Pero es un número alarmante, ya que enfrentamientos la policía tiene muy pocos”, añadió.

Fue en el marco de esta situación que la cartera de Seguridad inició una investigación que está en vía administrativa para que los responsables de la custodia de las municiones brinden explicaciones.

“No sé si encontraremos una culpabilidad, pero por lo menos queremos que la Policía sepa que de ahora en más va a haber controles sobre ese tema”, sostuvo Sappietro.

El uso de armas de fuego en hechos violentos y homicidios en la provincia, constituye uno de las problemáticas que explican los niveles de asesinatos y enfrentamientos.

“El gran problema es la importante circulación de armas de fuego, es preocupante la cantidad que hay en la calle”, señaló esta semana la jefa de Policía de Santa Fe, Emilce Chimenti, para explicar que en lo que va del año secuestraron “más de 2.200 armas, un número importante teniendo en cuenta que es un promedio de ocho por día”.

Este dato se suma al informe presentado Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el 73 por ciento de los asesinatos ocurridos en Rosario se emplearon armas de fuego.

Sappietro dijo, por su parte, que “hay al menos dos fuentes de filtraciones” de armas que nutren el circuito ilegal: las filtraciones estatales y el robo a privados.

“Hasta el día de hoy no sabemos cuántos legítimos usuarios hay en la provincia”, indicó sobre las deficiencias en la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que debería llevar el registro, pero que “en los últimos cuatro años ha sido casi nulo”.

A modo de ejemplo de las formas en que el mercado ilegal puede nutrirse de armas estatales, el funcionario explicó que al inicio de su gestión investigaron la trazabilidad de cinco pistolas que aparecieron en una causa judicial.

Eran de personal policial “que estaban en carpeta médica y cuando hicimos la inspección las armas no estaban y no tenían forma de explicarlo”, explicó Sappietro, el cual dijo que presumen que “hay maniobras de alquiler de armas”.

En ese sentido, recordó la detención a principios de junio del jefe Raúl Fleitas y el subjefe Marcelo Álvarez de la seccional 7ª de la localidad de San Lorenzo, Raúl Fleitas, imputado por abastecer de armas a un eslabón de la narcobanda rosarina Los Monos que operaban en el Cordón Industrial.

También contó que al realizar un arqueo en la Armería de la Policía, encontraron 5.300 armas que habían sido secuestradas y utilizadas como evidencia en procesos judiciales, pero luego “la propia burocracia estatal termina derivando en distintas oficinas y el arma queda pululando y se le pierde el control. Encontramos 5.300, pero no sabemos si la cantidad se erosionó”, sostuvo Sappietro.

Por último, reveló que entre 2017 y 2019 la Policía denunció el extravío de 502 armas reglamentarias.

“Es como que un policía pierde un arma cada tres días. Y no sólo armas cortas, también se perdieron ametralladoras”, contó el funcionario y concluyó: “No podemos pretender controlar el circuito ilegal si no podemos controlar las armas estatales”.