En conferencia de prensa conjunta con el ministro de Educación, José Goity y representantes de la cartera de Salud, el titular de Seguridad, Pablo Cococcioni anticipó que exigirán un resarcimiento económico a quienes realicen falsas amenazas a escuelas, tras la proliferación de este tipo de hechos luego del tiroteo fatal en San Cristóbal. Calculó que un operativo para estos casos ronda los 6 millones de pesos. “No podemos permitir que lo paguen difusamente los santafesinos con sus impuestos”, aseveró. Y advirtió además, que los recursos policiales que se destinan a atender estos episodios, dejan vulnerable otras zonas.

El Complejo Educativo Don Bosco —ubicado en avenida Facundo Zuviría y Castelli— denunció ante la Comisaría 9° un escrito que amenazaba con un «tiroteo el lunes 20/04». Este caso tuvo un desenlace particular: el padre de un menor de 13 años se presentó ante las autoridades escolares y admitió que su hijo era el autor de la amenaza

“Hemos instruido que en casos de personas identificadas (en casos de falsas amenazas), ya se disponga el resarcimento de los daños”, anunció Cococcioni, luego de Goity hiciera una repaso sobre las actividades que Educación lleva a cabo desde el 30 de marzo, cuando un alumno abriió fuego en el patio de la escuela y mató a un compañero.

“No podemos permitir que lo paguen difusamente los santafesinos con sus impuestos. Vamos a perseguir el cobro”, enfatizó el ministro de Seguridad que advirtió que este tipo de “chistes” también generan un “costo indirecto”. “Porque evidentemente esa incidencia, esa llamada de supuesta broma tiene que ser atendida y requiere recursos policiales que podrían dedicarse a otra cosa”.

Cococcioni reconoció que hay quienes puedan realizar e interpretar semejantes amenazas como una humorada, pero aclaró que “desde el Estado se lo toma con la mayor seriedad”. En tal sentido, explicó que cada nota o llamado, dispara una despliegue policial sofisticado, que muchas veces incluye la sincronización con otras brigadas. Calculó, más allá de alguna variación regional o de contexto, “un operativo básico y elemental”, ronda los 6 millones de pesos.

“Acá hay delitos y mas allá que en algunos casos puedan haber personas no punibles por la edad, hay que decir que una investigacion penal en el marco del Código procesal penal deja huellas que no son siempre agradables para la persona en la posteridad. Lo que se plantea como una broma o un chiste, algunos años después va a impedir obtener un certificado de buena conducta”, alertó.

“Hay consecuencia que tal vez no son advertidas al principio pero son vividas después. Uno ve la actitud de arrepentimiento después de que son aprehendidos y las casas allanadas. Sería bueno que la actitud reflexiva evite este tipo de cuestiones”, observó.

Por su parte, Goity informó que se enviaron notificaciones a las escuelas con pautas para abordar el tema y se avanzó en un programa de educación digital. Con todo, advirtió sobre la imposibilidad de anticiparse a retos virales que pueden resultar peligrosos, pero aseguró que «la escuela sigue siendo el mejor lugar donde pueden estar los chicos».

En sintonía, la subsecretaria de Salud Mental, Victoria Mancini, enfatizó la necesidad del control parental y de que los adultos responsables acompañen a los más jóvenes. Como alternativa para fomentar el esparcimiento lejos de las pantallas, la profesional destacó la implementación de juegotecas en toda la provincia. “Creemos que sin los adultos responsables, será muy difícil que estos jóvenes no queden en instancias que salen de la línea de lo que uno espera”, concluyó.

Gentileza Rosario3