“El único y excluyente camino para la denuncia e investigación de los abusos sexuales infantiles es el de la Justicia, en nuestra provincia a través de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, así lo determina la ley”, aclaró el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo.

El funcionario del gobierno provincial explicó que “el fiscal es un órgano especializado que actúa siguiendo un procedimiento reglado y conocido. Solo así hay garantías para las víctimas y para los imputados. Además en este tipo de delitos cometidos contra menores los protocolos elaborados con la colaboración de Unicef exigen no revictimizar al menor, con la repetición de relatos traumáticos; asegurar desde el inicio la obtención de pruebas válidas; y utilizar procedimientos adecuados como las cámaras Gesell, videograbaciones y entrevistas tomadas por psicólogos especializados. Todo en el marco de garantizar la “protección y contención del menor”; por lo que ante un caso de abuso resulta “imprescindible la inmediata actuación de la Justicia”.

A su turno, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, señaló que “las denuncias del presidente del Colegio de Abogados, y otro profesional más, en orden al protocolo que habrían institucionalizado los arzobispos de Santa Fe y Rosario, respectivamente, cuestiona su legitimidad para producir o investigar denuncias que pudieran producirse dentro de las instituciones eclesiásticas acerca de determinadas conductas de abuso o violencia contra cualquier tipo de personas y en especial hacia menores”.

“La problemática trazada por el Colegio de Abogados, si bien tiene cierto asidero, en cuanto señala que la única institución encargada de ello es el Ministerio Público de la Acusación. En esto, el gobierno de la provincia ratifica y entiende que es necesario poner en relieve que la única institución encargada de diligenciar denuncias, e investigarlas es el Ministerio Público de la Acusación”, se explayó el funcionario.

De todas maneras aclaró que “ello no quita que instituciones como la Iglesia puedan analizar las conductas de sus respectivos religiosos que profesan la actividad clerical y que deban ser investigados dentro del seno del derecho canónico dentro de la actividad eclesiástica, más cualquier denuncia de un feligrés o cristiano debe recibirse y enviarse inmediatamente al MPA”.

Por último Somaglia indicó que “cuando se trata de mayores de edad esos delitos se llaman de instancia privada lo que implica investigar a instancia de una denuncia de un particular damnificado particularmente. En cambio cuando las víctimas son menores de edad, quien puede advertir la situación, incluso la Secretaría de Protección de los Derechos de la Niños, Niñas y Adolescentes provincial, debe dar cuenta de inmediato al MPA”.