4 de octubre de 2022

Santa Fe 24 Horas

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Dos agentes de la Policía de Santa Fe y un abogado presos por una asociación ilícita

La búsqueda de Belén comenzó en un grupo de Facebook que ofrecía casas y terrenos en Rosario. Le gustó una propiedad y llamó al dueño, pero el precio era muy alto. La contactaron con Miguel Ángel Herrera, un gestor que le ofreció una casa de Einstein al 7300. En el estudio céntrico de un abogado firmó un contrato de permuta y entregó en pago su camioneta Renault Kangoo. Cuando fue a tomar posesión de la vivienda descubrió que había sido usurpada: allí vivían otras personas. Nunca más pudo comunicarse con quien había concertado la falsa venta.

Esa es una de las estafas detectadas en una causa penal a una asociación ilícita que negociaba viviendas usurpadas. En la causa hay siete imputados, entre ellos un abogado y tres policías, en tanto que el gestor inmobiliario Herrera está prófugo y señalado como jefe de la organización.

La audiencia imputativa arrancó el lunes con una jornada de seis horas, siguió el martes y se retomó a las 9 de la mañana de este miércoles. Por la tarde, los fiscales Valeria Haurigot, Federico Rébola y Gonzalo Lanfranco solicitaron medidas cautelares para el grupo. El juez Florentino Malaponte resolvió esta noche imponer 45 días de prisión preventiva al abogado, a un hombre señalado como organizador y a dos de los policías acusados. Al tercer uniformado le dictó una medida alternativa al encierro.

La investigación comenzó hace cuatro meses tras una loable tarea del personal de la Agencia de Control Policial. Fue cuando balearon el frente de una casa de Fraga al 700 bis, en Empalme Graneros, y en el atentado resultó herida una chica de 11 años. Los padres de la nena, un matrimonio boliviano, contaron a los policías que le habían comprado la vivienda por 1.400.000 pesos a un gestor de nombre Miguel Ángel de quien mostraron una foto. Esto condujo a una organización muy ramificada que según los fiscales se dedica a obtener ingresos millonarios a partir de usurpar viviendas o apropiarlas mediante la adulteración de documentación pública o privada.

Un acusado como organizador es el abogado Pedro Chía, que tiene su estudio jurídico frente a Tribunales y que ayer quedo preso. Le atribuyen haber otorgado apariencia de legalidad a las operaciones inmobiliarias que se cerraban en su despacho de Pellegrini y Balcarce, adonde los compradores acudían a cerrar las transacciones en las que resultaban embaucados. Al abogado lo acusan de haber generado una puesta en escena ante las víctimas a fin de que compraran los inmuebles malhabidos.

Una vez lograda la voluntad de los damnificados, según la acusación, el falso gestor se encargaba de hacer certificar las firmas de los boletos de compraventa y de cesiones de derechos fraudulentos por medio escribanos públicos. Esta mañana el profesional pidió declarar en la audiencia. Dijo, según fuentes del caso, que fue un simple asesor y que siempre que exista posesión de una vivienda _aunque la persona actúe con buena o mala fe_ la venta es viable.

También pidieron declarar tres policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que están involucrados en la causa. Los efectivos fueron quienes tomaron contacto con la situación de los bolivianos. Los fiscales les reprochan, en lugar de investigar la denuncia, haber extorsionado al abogado y al prófugo Herrera para que pagaran 200 mil pesos a cambio de no ser implicados. Dieron distintas explicaciones sobre su actuación pero negaron lo que se les imputa.

Los fiscales plantearon que al menos treinta personas cumplían roles y tareas específicos en distintos estratos de la organización, que funcionó al menos desde diciembre de 2018 hasta la semana pasada. Cuando las víctimas descubrían que la transacción había sido fraudulenta, según indicaron, la respuesta era “negar el fraude u ofrecer una solución inexistente o fraudulenta”.

La mayor parte de la evidencia consiste en un importante volumen de escuchas que fueron transcriptas por la Brigada Operacional de Tribunales. Gran parte de las intervenciones están pendientes de desgrabación ante “el poco tiempo disponible debido al actuar delictivo de los funcionarios policiales” implicados, lo que “obligó a acelerar los tiempos y las medidas investigativas”.

En la imputación se detallan seis hechos concretos relacionados con inmuebles. Uno es el de Belén, quien contactó a Herrera en noviembre de 2019. El gestor le ofreció la casa de calle Einstein. “Me informó que él tenía la posesión de la casa desde hace 12 años, que el dueño había fallecido en 1960 y que al no tener herederos no tenía problemas judiciales. Me mostró junto a su abogado, Juan Pedro Chía, los papeles de catastro para mostrarme que en teoría estaba todo bien”, dijo la víctima.

En el texto de la imputación consta que el 21 de noviembre firmó el contrato de permuta en el estudio de calle Pellegrini. “No firmamos el boleto de compraventa. Tampoco el formulario 08. Ese día él estaba muy apurado y pretendía que le firme el 08 en blanco”, dijo la mujer en alusión a Herrera. A los pocos días fue a la casa, encontró a otras personas viviendo allí y se enteró por vecinos “que en realidad la casa estaba usurpada”.

En una escucha a Maximiliano García, acusado de detectar y usurpar las casas que luego eran ofrecidas a la venta por Herrera, conversa con otro hombre sobre un inmueble en sucesión. Hace referencia a una cadena de boletos, algunos faltantes. “El abogado dijo: «Chicos, si van a robar, robemos todos juntos»”, revela al relatar una discusión que había tenido con el abogado Chía. García también quedó preso.

En otra conversación citada en las evidencias, un integrante de la organización afirma: “Al abogado hay que decirle que tuvimos que inventar los sellos de agua porque los boletos están hechos así nomás”. Esto, para los fiscales, revela que se estaba revistiendo de legalidad un documento viciado en su forma. “Escuchame una cosa. Son terribles estos negros. Porque ellos tienen casa sin papeles y quieren papeles”, se queja un tal Julito en otra charla intervenida con García.

Otros dos acusados llegaron a la audiencia en libertad porque sobre ellos pesan las imputaciones menos severas. Se trata de Carlos Luis Tavacchi, acusado de confeccionar documentos apócrifos y disponer de boletos de cesión de derechos y otros instrumentos para simular la legitimidad en los inmuebles usurpados por Miguel Angel Herrera. Por último Manuel José Lucarelli fue acusado de haber tomado posesión de una casa usurpada de Felipe Moré 920 donde cambiaron las cerraduras y se impidió el ingreso de sus dueños. Ambos seguirán libres.

Los policías Alberto Rodríguez y Víctor Maldonado recibieron prisión preventiva. Un tercer uniformado recibió el beneficio de una medida alternativa.