La apertura del concurso de acreedores de Sancor dio lugar a un silencio estruendoso, que deja velada la cantidad de litros procesados por día, la cantidad de socios productores que quedan firmes, pero que también genera un malestar mayor entre los trabajadores despedidos y también entre quienes siguen siendo parte del plantel laboral.
Con salarios que se pagan con absoluta irregularidad y en cuotas semanales, con decenas de trabajadores que están en el sistema de “jornadas libres”, sin asistencia a los puestos de trabajo y cobrando ya no el 75, ya no el 50, sino solo el 30% del sueldo correspondiente, el día a día en las plantas es muy complejo.
El deterioro de la situación que comenzara en octubre de 2023, con los diez meses de bloqueo por parte del gremio lechero, tiene hoy circunstancias cada vez más complicadas.
Fue la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) quien complicó a la cooperativa al extremo de llevarla a firmar en julio pasado un acuerdo en la Secretaría de Trabajo de la Nación, a partir del cual de inmediato obligaban a la empresa a pagar deuda sindical. Esta decisión no se pudo sostener en el tiempo y en septiembre de 2024 lo que era el pago cuotificado de salarios y de materia prima comenzó a demorarse. La situación económica de la láctea terminó llegando a mediados de enero a una escalada de despidos, acelaración de retiros voluntarios y algunas jubilaciones que hicieron pasar a la planta de personal de unas 1.300 a 900 personas.
De inmediato se acudió a la Justicia. El 3 de febrero se produjo la apertura del concurso que recayó por sorteo en el Juzgado Civil y Comercial de Cuarta Denominación de Rafaela, a cargo del magistrado Guillermo Vales.
Toda la deuda de esa fecha hacia atrás entra en la cuenta del trabajo que está haciendo un grupo de síndicos. Los problemas generados por deuda nueva son una intriga hacia adelante. Sin embargo, se restableció el servicio eléctrico en la planta de Balnearia, Córdoba, que como el resto de los puntos industriales, se pone en marcha ocasionalmente y según el ritmo de demanda y producción.
Lo que le dio movimiento al caso esta semana fue una manifestación que le martes desarrollaron los 63 trabajadores despedidos del Centro de Distribución Acceso Norte, que había sido cerrado coincidiendo con la tanda de despidos a nivel nacional. Según algunas fuentes, fue el propio gremio Atilra el que listó los nombres de quienes se quedaron sin su fuente laboral.
Plagada de contradicciones, la situación sólo tuvo en ese grupo de despedidos una voz en alza, buscando explicaciones, ya que con un sindicato avalando los despidos y la falta de pagos de salarios y liquidaciones pendientes, no les queda más que hacerse fuertes por sí mismos. Están solos.
Protestaron sobre la colectora de la Panamericana, a semanas de haber expedido cartas documento a la Cooperativa donde contemplaban al despido como “improcedente, persecutorio, discriminatorio, antisindical e ilegal”.
“Niego y rechazo razones de fuerza mayor ajenas a la voluntad de la compañía. Niego y rechazo que la supuesta fuerza mayor sea de público conocimiento. Rechazo despido conforme art. 247 LCT por improcedente”, decían en esas cartas los despedidos de Don Torcuato.
Si bien luego Sancor respondió con un rechazo contundente esas cartas, los trabajadores argumentaban que se “pretende trasladar los riesgos propios de la actividad empresarial a los trabajadores, lo que resulta improcedente. El despido transgrede la naturaleza alimentaria del salario, la protección y/o derecho al trabajo, por resultar el trabajador sujeto de preferente tutela constitucional, así como no se ajustó a los procedimientos legales”.
Con asesoría legal, los trabajadores explicaban que se “viola la protección al ejercicio del derecho fundamental de Libertad Sindical garantizado por la Constitución Nacional, los Convenios 87 y 98 de la OIT, la ley de asociaciones sindicales 23.551, y configura discriminación antisindical vulnerando de tal manera la garantía antidiscriminatoria consagrada por la ley 23.592. Por lo tanto dicho acto resulta nulo de nulidad absoluta”.
Concentrados frente al Centro de Distribución, un importante grupo de trabajadores despedidos por Sancor responsabilizó de igual forma a la láctea y al gremio por la situación de abandono que padecen.
“Nunca tuvimos una explicación de parte de la empresa, ni de parte de Atilra. Cuando el gremio tuvo parada la planta de Sunchales durante diez meses, nosotros seguimos trabajando, como muchos otros compañeros en otras plantas. Sin embargo, al momento de cortar todo, fuimos de los primeros que recibimos los telegramas de despido, sin liquidación de sueldos pendientes, sin indemnizaciones. La empresa nos sacó como si fuéramos bolsas de residuos a la calle”, le dijo a Bichos de Campo uno de los manifestantes.
Este grupo tiene una misma representación legal y está decidido a seguir con manifestaciones similares -incluso se acercaron hace algunas semanas al Municipio de Tigre-, es contundente en su mensaje: “La estamos pasando muy, muy mal. Con el olvido del sindicato primeramente, que se llevó nuestros aportes del 2% y nunca tuvimos una representación digna. Lamentablemente lo tenemos que hacer nosotros, tomando estas acciones, con todo lo que nos lleva, pero no nos queda otra, ya estamos jugados”.
Es remarcable que del Centro de Distribución de Acceso Norte se despidieron a dos de los cuatro delegados que se desempeñaban en el lugar, porque ambos claramente no seguían la línea dirigencial que baja el secretario general de Atilra, Héctor Ponce.
Desde Buenos Aires intentan movilizar al resto de los despedidos en Santa Fe y Córdoba a sumarse en el reclamo por los pagos pendientes y la falta de respuestas concretas, tanto de la empresa como de la gremial.
