La Justicia federal acaba de rechazar el pedido de nulidad solicitado por la defensa de Carlos Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo, operadores del Grupo Carey de la ciudad de Rosario imputados por mantener espurias relaciones con el empresario santafesino Hugo Oldani.

Oldani fue asesinado en febrero del año pasado en un fallido intento de robo que no quedó nunca claro y uno de los acusados apareció muerto en la celda. Además, el caso destapó la descomunal red financiera montada a las sombras de su emprendimiento, Turismo Oldani, un prestigioso negocio ubicado en una de las galerías céntricas más importantes de la capital provincial.

Las sospechas respecto a que allí funcionaba una cueva financiera se activaron durante la noche del crimen, luego de la curiosa desaparición de una abultada suma de dinero (3.100.000 pesos y más de un millón de dólares) que abrió interrogantes sobre las operaciones que allí se realizaban.

La Rioja 2441, lugar donde funcionaba la descomunal red financiera montada a las sombras del emprendimiento, Turismo Oldani

En aquel entonces era Marcelo Sain quien se desempeñaba como ministro de Seguridad de Omar Perotti, y fue él quien impulsó las investigaciones para dilucidar la trama del dinero desaparecido y contra la fiscal Cristina Ferraro, acusada de permitir que se viole la escena del crimen.

El caso quedó a cargo del fiscal federal Walter Rodríguez, quien pudo comprobar que Oldani tenía un negocio paralelo dividido en cinco operaciones: captación de fondos, préstamos, operaciones con cheques, compra y venta de divisas y movimiento de divisas mediante el mecanismo de dólar cable. También reveló que tenía cuentas en el exterior y que realizaba transferencias por montos millonarios a cuentas de Uruguay, Italia, Estados Unidos, Brasil y Finlandia.

De este modo se habría diseñado la “intermediación financiera no autorizada” ejecutada por Oldani junto a los diez imputados de la causa. Aquí es donde aparecen los operadores del Grupo Carey, quienes habrían participado “en las operaciones con cheques (…), recepcionando los títulos de Hugo Ernesto César Oldani, e interviniendo en transacciones utilizando un mecanismo para ingresar divisas al país o transferirlas al exterior”.

Tales fueron las palabras textuales utilizadas por la Fiscalía durante la audiencia imputativa, frase de la que se agarraron los abogados defensores para pedir la nulidad del proceso aduciendo que Ciochetto y Bacigaluppo no fueron “adecuadamente informados” sobre sus presuntos delitos, según informó Aire Digital.

Pero la respuesta de la Justicia dada a conocer por estas horas fue tajante: “Se les describió en forma suficiente el hecho que se les atribuyó con todas las circunstancias jurídicamente relevantes” y “los imputados o sus abogados pudieron solicitar que se aclararan los conceptos que no hubieran entendido”.

Se trata de un fallo importante para mantener en pie una investigación que cuenta con todos los requisitos para llegar a juicio. El acceso a múltiples conversaciones telefónicas entre Hugo Oldani y su hija permitieron involucrar a las diez personas imputadas, muchas de ellas pertenecientes a encumbradas entidades financieras de Santa Fe y de Rosario.

También permitió abrirse un alerta por la presunta circulación de dinero ilegal proveniente de la policía motorizada de la Unidad Regional I y de encumbrados dirigentes políticos y empresariales.

Tal es el contexto particular que recubre la causa, y su esclarecimiento podría dar nuevas pistas sobre los varios nexos que unen a empresarios y políticos del círculo rojo provincial con delincuentes de guante blanco, narcotraficantes y barrabravas.

Por el momento, los imputados son: María José Calle, Carina Amelia Chelmo, Leandro Javier Forchetti, Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Eugenio Francisco Alonso, Marco Molinas, Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo y Virginia Oldani.