El Ministerio de Seguridad de Santa Fe avanza con la decisión de cobrar el costo de los operativos por amenazas e intimidaciones en escuelas de la provincia a los adultos responsables de los denunciados, que en muchos casos son menores no punibles, y presentó un protocolo que establece los pasos a seguir. En paralelo, según datos oficiales el martes se registraron otros 78 casos.

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, Georgina Orciani, brindó detalles del nuevo protocolo provincial. Advirtió que cada intervención ronda entre los cinco y seis millones de pesos, y que los padres o tutores deberán hacerse cargo económicamente.

El gobierno de la provincia de Santa Fe anunció que comenzará a cobrar los gastos de los operativos policiales a las familias de los estudiantes u otras personas que realicen amenazas e intimidaciones a escuelas. La medida busca frenar la ola de falsos avisos que se disparó en las últimas semanas y que, tan solo el martes, registró 78 casos en todo el territorio provincial.

Orciani se refirió a la gravedad de la situación y remarcó que las llamadas no son una simple broma. «Estamos en presencia de la comisión de un delito, esto no es un chiste, esto es un delito que acarrea consecuencias, consecuencias penales y económicas», sostuvo la funcionaria provincial durante una conferencia de prensa.

En ese sentido, detalló que a partir del nuevo protocolo publicado el martes, los costos de cada intervención policial deberán ser solventados por los padres, madres o tutores de los involucrados en las falsas alarmas. «Como bien lamentablemente estamos acostumbrados los argentinos, de la única manera que reaccionamos y reflexionamos es cuando nos toca el bolsillo», afirmó.

Protocolo

La disposición publicada el martes apunta de manera puntual a episodios de violencia, amenazas y comportamientos riesgosos que se produzcan tanto en el ámbito escolar como en otros espacios donde interactúan jóvenes.

El esquema fijado contempla siete instancias para exigir el pago a quienes enfrenten denuncias por intimidación pública u otros hechos de características similares. Como punto de partida, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) debe individualizar a los presuntos autores, a los partícipes y a los adultos responsables dentro de cada causa penal.

Una vez que la provincia cuenta con los domicilios y contactos telefónicos de las personas involucradas, la Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad se encarga de estimar los costos operativos del procedimiento. Esto supone la elaboración de un expediente por cada caso, en el que se incorporan informes técnicos, registros de intervención policial y comunicaciones del 911, entre otros elementos que también pueden ser utilizados como evidencia en la Justicia.

Para completar esa documentación, el Departamento de Operaciones (D-3) de la Policía de Santa Fe precisa qué recursos humanos y materiales se destinaron a cada operativo. Entre otros aspectos, define el nivel de complejidad —bajo, medio o alto— y contempla si hubo participación de áreas específicas como la Brigada de Explosivos, la Policía de Investigaciones (PDI), bomberos u otras unidades especiales.

En la etapa final, la Subsecretaría de Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad emite una intimación de pago con un plazo de cinco días, sin posibilidad de prórroga. Dentro de ese lapso, los implicados o sus responsables legales deben abonar los costos mediante depósito o transferencia bancaria. Además, la provincia se reserva la facultad de reclamar posteriormente por eventuales gastos adicionales o daños derivados del hecho.

Respecto del mecanismo de notificación, el protocolo establece que la Policía debe informar a los acusados. En caso de incumplimiento en el pago, la Fiscalía de Estado queda habilitada para avanzar con acciones judiciales.

Costos y recursos afectados

Según puntualizó Orciani, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, calculó que el promedio de un operativo de este tipo ronda entre los cinco y seis millones de pesos. Sin embargo, aclaró que la cifra final será variable según las condiciones del establecimiento educativo y la complejidad del procedimiento.

«No es lo mismo hablar de una escuela de una localidad de la Chispa en el departamento General López, que una ubicada en la plena centralidad de la ciudad de Rosario», explicó la secretaria.

Además del costo económico, hizo especial hincapié en el impacto en la seguridad pública que generan estos llamados. «Ese patrullero que tiene que ser asignado a una escuela por el llamado al 911 que se recibe y motorizarse toda una investigación, es un patrullero que sale de la calle, que tenía que estar asignado para cuidarte a vos o cuidar al vecino», advirtió, y enfatizó que el Estado dispensa «una batería de recursos» que le pertenecen a todos los ciudadanos que tributan para vivir de forma más segura.

Sanciones penales y un mensaje a las familias

En cuanto a las implicancias legales, la funcionaria detalló que los caminos de la sanción económica y la vía judicial no son excluyentes. Por un lado, recaerá la responsabilidad penal en el caso de que se trate de un adolescente punible, o quedará el registro como antecedente si es un nene o adolescente no punible. De forma paralela, se aplicará «la sanción económica al grupo familiar que tenga que responder e indemnizar, no al Estado provincial, sino a todos los santafesinos».

Por último, Orciani interpeló a la ciudadanía y dejó un mensaje directo a los adultos. «Invito a que saquemos los ojos de la pantalla, que los adultos responsables paremos la pelota y nos sentemos en una mesa a dialogar con nuestros hijos y explicarles la gravedad que este hecho tiene», concluyó. Además, alentó a los vecinos a seguir utilizando el 911 ante cualquier situación sospechosa.