El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, con el fiscal Agustín Nigro a la cabeza, avanzó en una investigación de una compleja red ilegal de casinos online.
Se investiga la estructura jurídica y financiera con una sociedad anónima que administraba la organización: el 23% de los usuarios eran niños, niñas y adolescentes, unos 35 mil apostadores menores de edad. Por lo pronto, 112 sitios web fueron clausurados, con varios allanamientos realizados por Gendarmería Nacional.
La investigación comenzó en mayo tras una denuncia presentada por el ministro de Educación santafesino, José Goity; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Acción Social, Daniel Di Lena.
La presentación inicial identificaba 273 sitios web dedicados a las apuestas ilegales, cifra que se expandió a 385 con el avance de la causa y la ampliación de la denuncia. Todos estos dominios eran administrados por una misma sociedad anónima, la cual carecía de autorización para operar y no registraba empleados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.
“Una de las mayores preocupaciones que presenta la denuncia es el acceso sin restricciones que estos sitios facilitan a un número indeterminado de habitantes de la Provincia de Santa Fe, incluidos menores de edad. Este acceso irrestricto viola el marco normativo vigente y expone a los usuarios a juegos, apuestas y/o sorteos realizados en flagrante violación”, dice la ampliación de la denuncia presentada en junio por el organismo que lidera Di Lena.
En la denuncia, el funcionario le pidió a los fiscales que se ordene la clausura y bloqueo de estos sitios y sus cuentas financieras. Remarcó que las plataformas operan sin “exigir una estricta corroboración de los datos de los posibles apostadores”, lo que aumenta la probabilidad de acceso indebido, particularmente de adolescentes y niños.
Así, el fiscal Nigro avanzó en el bloqueo e inmovilización de fondos asociados con la red de juegos ilegal y ordenó el cierre de los dominios y subdominios utilizados para facilitar las apuestas. Según la información recopilada por los investigadores, la operación delictiva involucraba tanto a personas argentinas como brasileñas, que empleaban la sociedad anónima para ejecutar las maniobras.
El fiscal empleó a un agente revelador, un policía infiltrado que, bajo su supervisión, realizó apuestas en línea mediante los sistemas de diez páginas web identificadas por la Asociación de Loterías Estatales Argentinas como las principales en cuanto a tráfico y recaudación.
A partir de las apuestas realizadas por el agente, se lograron rastrear las cuentas virtuales donde la Sociedad Anónima recibía el dinero procedente del juego ilegal. El análisis de los movimientos en estas cuentas permitió determinar que los fondos recolectados en pesos fueron convertidos en criptoactivos, y mediante una orden judicial, se procedió a bloquear e inmovilizar esos recursos.
Se realizaron cinco allanamientos en distintas localidades del país, a cargo de fuerzas como Gendarmería. Tres de ellos se llevaron a cabo en la provincia de Buenos Aires, en las localidades de Gonnet, Olivos y un country de Pilar.
Los otros dos se realizaron en territorio porteño. Durante los operativos, Gendarmería Nacional colaboró con el secuestro de teléfonos móviles, documentación relacionada con sociedades comerciales, computadoras y otros dispositivos de almacenamiento.
