Diez personas quedaron en prisión preventiva por venta de drogas en un barrio vulnerable de San Javier. Su líder dirigía al resto desde una celda de la cárcel de Coronda.
Las detenciones se dieron en el marco de una investigación que inició en marzo de este año, que derivó en una serie de allanamientos en el barrio Los Reubicados de la ciudad costera.
A partir de distintos hechos ilícitos que se estaban cometiendo en inmediaciones de la casa en la que se comercializaba la droga, el fiscal Francisco Cecchini articuló las tareas iniciales de la investigación con el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General.
El legajo quedó a cargo del fiscal Guillermo Persello, quien imputó a los seis hombres y a las cuatro mujeres como coautores del delito de «comercialización de estupefacientes calificada por la intervención de más de tres personas».
Los diez quedaron en prisión preventiva por disposición de los jueces Sebastián Szeifert y Sergio Carraro.
Las primeras diligencias iniciaron en marzo de este año con personal de la Policía de Investigaciones (PDI) a raíz de una serie de robos, amenazas y hechos con armas de fuego que estaban ocurriendo en el barrio Los Reubicados.
Fue así que se dispusieron puntos de observación en la casa en la que se vendía la droga, donde residía Paola Escobedo, quien cumplía prisión domiciliaria por otra causa penal federal.
Según la investigación fiscal, era ella quien organizaba la comercialización de los estupefacientes junto con su esposo, Omar Melgarejo, que está preso en la cárcel de Coronda.
Se recabaron filmaciones, fotografías, informes de cuentas bancarias y de los teléfonos celulares utilizados por los narcos, y fue a raíz de estos que «pudimos comprobar que el matrimonio oficiaba de cabecilla de las operaciones que se realizaban en su domicilio», indicó Persello. La casa familiar fue allanada.
Esquema delictivo
Además de Escobedo y Melgarejo, fueron imputados y quedaron en prisión preventiva Rodrigo Ezequiel Ríos, Janina Botelho, Elías Nahuel Ceballos y Guillermo Nahuel Recalde, quienes oficiaban de vendedores de la droga dentro de la organización.
A Cristina María Belén Servin le atribuyeron haberse encargado del fraccionamiento del material estupefaciente y el pago a quienes se lo proveían. Esto lo hacía mediante transferencias bancarias y de billeteras virtuales, como Plus Pago y Mercado Pago.
Respecto al pago a proveedores, también fue imputado Matías Sebastián Escobedo, quien realizaba operaciones a través de Rapipago y Pago Fácil.
Caren Marilin Castro es señalada por haber resguardado drogas en su domicilio, y por haber realizado fraccionamiento de dicho material en el domicilio de Escobedo.
Si bien los roles estaban repartidos, todos actuaban de forma conjunta con la finalidad de obtener un fin económico en común.
Respecto a Escobedo y Melgarejo, la fiscalía informó que «en función de la prisión domiciliaria que ella está cumpliendo en el marco de una causa que tramita en el fuero federal, el juez Szeifert ordenó que la prisión preventiva que solicitamos ahora la cumpla de forma ordinaria alojada en un establecimiento penitenciario».
«En cuanto al esposo de ella, ya detenido en la cárcel de Coronda también por una causa federal, se suma la prisión preventiva dispuesta en el marco de la investigación que tramitamos desde la Fiscalía de San Javier», explicó el fiscal Persello.
En cuanto a los otros cinco hombres imputados, deberán cumplir la prisión preventiva ordinaria en dependencias del Servicio Penitenciario, mientras que las tres mujeres investigadas lo harán de forma domiciliaria a raíz de que tienen a su cargo hijos menores de edad.