Walter Rodríguez, fiscal federal, denunció a la fiscal especial de Homicidios del MPA, Cristina Ferraro, por haber liberado el dinero que estaba en las oficinas del empresario de turismo Hugo Oldani, asesinado en un hecho de robo el pasado 11 de febrero en una galería de La Rioja 2441.

Según el fiscal Rodríguez, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación hizo desaparecer rastros, pruebas o instrumentos del ilícito, un delito agravado por tratarse de una figura penal especialmente grave y por su calidad de funcionaria pública. Rodríguez ordenó también allanar la cochera ubicada frente al local del crimen, en pleno centro de la capital provincial, porque allí estacionaban personas que bajaban con cajas de cartón e ingresaban a la oficina. Lo más impactante que se desprende del escrito de Rodríguez es un informe que apunta que en el lugar del asesinato funcionaba una "cueva" financiera y revela que, según testimonios recogidos, se habría manejado dinero proveniente de la recaudación ilegal de la Policía de la Unidad Regional I, más precisamente de la división Motorizada.

El escrito de Rodríguez asegura también que la fiscal Ferraro permitió a la hija de Oldani y al yerno del fallecido presenciar todo el procedimiento inmediato a la muerte y, luego, los autorizó a llevarse de la oficina el dinero y los elementos de valor que allí se encontraban. Incluso, avaló el pedido de ambos de que no se abriera una caja fuerte que estaba en el lugar.

La investigación del fiscal federal, quien dirigió a un grupo especial de la Policía Federal para esta tarea, da cuenta de un movimiento de gastos cercanos a los 300 mil pesos mensuales por parte de Oldani, quien se dedicaba a las tareas de cambio chico con dinero que resguardaba en un morral, el que fuera robado por los atacantes que acabaron con su vida hace seis meses.

Además de esos movimientos, Oldani realizaba operaciones con operadores de mayor envergadura, de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Los cambistas ingresaban por la cochera que tiene la galería Rivadavia, colocaban sus coches en las dársenas, bajaban con cajas de cartón, iban a la empresa de Oldani y regresaban al vehículo. El funcionario federal pudo reconstruir que, de acuerdo a informes de la PFA incorporados en la causa, el empresario “manejaba dinero que correspondía a la Policía de Santa Fe, específicamente a la Regional I y a la Motorizada”.

En la escena del crimen, sobre el escritorio quedó una calculadora con la cifra 16.800.000 en la pantalla. Esto indica que la víctima se encontraba en plena labor matemática en el momento de ser atacada. Como Oldani está muerto, la Justicia no puede perseguirlo penalmente y eso lo deja en claro la primera parte del escrito, no sin antes mencionar el rol del infortunado empresario santafesino.

El fiscal federal también incluye una "importante cantidad de dinero hallada y desaparecida en el lugar de los hechos", por lo que responsabiliza directamente a familiares de Oldani y a la fiscal Ferraro.

Los profesionales de la Agencia de Investigación Criminal dejaron plasmado que Ferraro no tuvo el dominio sobre las pericias iniciales, sino que fueron coordinadas prácticamente por la hija del asesinado y su yerno, al punto tal que los investigadores no pudieron ingresar al local 30 del salón comercial porque lo impidió Virginia Oldani.