La causa por la muerte de Mauro González, registrada tras un procedimiento policial en la ciudad de Santa Fe, tuvo un avance clave este jueves. La jueza Cecilia Labanca dictó la prisión preventiva para cuatro de los seis efectivos que estaban siendo investigados, mientras que los dos restantes continuarán el proceso en libertad bajo estrictas medidas alternativas.

Los alcances de la medida judicial

La resolución de la magistrada determinó que Facundo Sebastián Amarillo, Lucas Aranda, Melisa Díaz y Sebastián Daniel Bardinali permanezcan detenidos mientras continúa la investigación judicial.

Por otro lado, Juan Cruz Barros (del Cuerpo de Guardia de Infantería) y Sabrina Petiton (del Comando Radioeléctrico) fueron beneficiados con la libertad. No obstante, deberán cumplir condiciones impuestas por la jueza: fijar domicilio, quedar bajo supervisión, no contactar a testigos ni a los otros imputados, y la prohibición de salir del país.

Imputación por tortura seguida de muerte

En el fallo, la jueza Labanca hizo lugar a la calificación jurídica impulsada por el fiscal Ezequiel Hernández. De esta manera, el proceso se encamina bajo la figura penal de tortura seguida de muerte.

Según la acusación, los hechos ocurrieron el 17 de enero, cuando González fue detenido en barrio Yapeyú. La investigación sostiene que la víctima fue sometida a agresiones físicas durante el procedimiento y el posterior traslado, las cuales la Fiscalía considera constitutivas de tortura.

Detalles de la investigación

El expediente detalla una serie de irregularidades en el accionar policial. Según la teoría del caso, a pesar del evidente deterioro físico que presentaba González, los agentes no lo trasladaron de inmediato a un centro médico, realizando otras diligencias previas antes de llevarlo a Medicina Legal y finalmente alojarlo en la Comisaría Octava.

La autopsia realizada al cuerpo fue determinante: se constataron 20 lesiones en diversas partes del cuerpo y se concluyó que el deceso se produjo tras una broncoaspiración de vómito mientras la víctima permanecía bajo custodia policial.

Con esta resolución, la causa avanza hacia nuevas etapas para determinar las responsabilidades penales definitivas de los imputados.

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