En medio de la seguidilla de amenazas a escuelas en la provincia de Santa Fe, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad confirmaron que ya se registraron 404 denuncias y 73 personas identificadas como presuntos responsables. Además, el Gobierno avanzó con allanamientos y advirtió que las familias deberán afrontar los costos de los operativos policiales.
Así lo detalló la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani, quien explicó que se trata de un fenómeno en crecimiento que comenzó la semana pasada y que sigue en desarrollo. “Es un número de construcción permanente, porque las denuncias no cesaron y tampoco la actividad investigativa”, sostuvo.
En ese marco, se llevaron adelante allanamientos en domicilios particulares, principalmente en el sur de la provincia, como parte de las tareas de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público de la Acusación para identificar a los autores de las intimidaciones.
Orciani remarcó que existen dos caminos paralelos ante estos hechos: el penal y el administrativo. Por un lado, la Justicia determinará la responsabilidad de los involucrados, según su edad y el grado de participación. Por otro, el Estado provincial avanzará con el recupero de los gastos generados por los operativos.
“Son dos cuestiones que no son excluyentes”, explicó la funcionaria. Y fue contundente: “Vamos a trabajar para recuperar peso por peso de los recursos que invierte la provincia”.
Las intimaciones a las familias comenzaron en las últimas horas, luego de que el Ministerio Público de la Acusación remitiera la información de los casos identificados. En caso de que no se efectúe el pago, el reclamo pasará a la Fiscalía de Estado, que podrá iniciar acciones judiciales para exigir el cobro.
Según precisaron desde el Gobierno, cada operativo tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos, aunque puede superar los 11 millones dependiendo del despliegue.
“Esto no es una broma”
La funcionaria hizo hincapié en la responsabilidad de los adultos frente a estos hechos, muchos de los cuales involucran a menores. “Los recursos no son del Gobierno, son de todos los santafesinos. Esto hay que tomarlo con la seriedad que corresponde”, afirmó.
En ese sentido, advirtió que los operativos implican desviar recursos de la prevención del delito. “El patrullero que va a una escuela es el que deja de estar en la calle”, señaló. También subrayó que la responsabilidad económica puede afectar directamente el patrimonio familiar: “No se termina con la identificación. Las familias van a tener que responder”.
Orciani indicó que, tras los anuncios oficiales sobre sanciones y cobro de operativos, comenzó a registrarse una disminución en las amenazas. Según detalló, el lunes se registraron 87 incidencias, el martes 78, el miércoles 62 y el jueves 45, lo que muestra una tendencia a la baja en pocos días.
“Esto demuestra que cuando se entiende que hay consecuencias reales, la conducta empieza a cambiar”, planteó.
Gentileza Aire Digital
