La Legislatura acaba de aprobar una ley para proteger a empleados privados y públicos. También habrá un Certificado de Empresas Libres de Violencia.

La Cámara de Diputados de Santa Fe acaba de aprobar una ley para proteger a los trabajadores públicos y privados de la provincia del maltrato o acoso laboral. Además, se establece la creación de un Registro de Empresas Libres de Maltrato; mientras que también habrá un listado de empresas u órganos del Estado en los que se produjeron daños psicológicos, físicos, económicos o sexuales a los empleados.

«Muchas personas atraviesan actitudes de malos tratos y violencia. Y no estamos hablando solo de género, sino de un sinfín de trabajadores de todos los géneros que sufren en sus ámbitos laborales distintas actitudes por parte de sus superiores, que pueden generar daños físicos, psicológicos, sexuales en algunos casos, que hacen inviable la tarea de trabajar y es algo que no podemos evitar», advirtió la diputada socialista Gisel Mahmud, autora del proyecto.

La ley apunta por igual a los trabajadores del ámbito privado, como a los del sector público; tanto en organismos centralizados, como en empresas descentralizadas del Estado.

Comités especializados en el Ministerio de Trabajo

En el Ministerio de Trabajo de Santa Fe se crearán comités integrados por especialistas en Derecho Laboral, en Salud, psicólogos y trabajadores sociales. Estos comités evaluarán cada caso denunciado y acompañarán al trabajador.

Un dato clave: la ley establece la confidencialidad del nombre del empleado denunciante e, incluso, habilita al Ministerio a actuar de oficio en una empresa o ámbito del Estado denunciados.

Si bien se conoce el texto de la ley, será fundamental aguardar la reglamentación del Poder Ejecutivo para evaluar los alcances efectivos de la norma.

Por lo pronto, ya se incorporó a la ley un protocolo de actuación para los integrantes de estos comités que se crearán en el Ministerio de Trabajo.

Cuando un empleado acuda al Ministerio para realizar su trabajo, se pondrán en funcionamiento una serie de mecanismos para asistir a esa persona, investigar el caso, comunicar a la empresa de la situación y, si existen elementos suficientes, avanzar con sanciones o apercibimientos.

En el programa Creo, que se emite en AIRE, la diputada Mahmud remarcó que «se establecerán sanciones en función de la investigación y seguimiento del caso que realice este equipo interdisciplinario. Las sanciones pueden ser, incluso, extendidas a toda persona en su momento no actuó contra la violencia ante la denuncia de la víctima en el lugar de trabajo».

Esto implica que las sanciones no solo alcanzarán a los responsables de la empresa o del órgano estatal, sino también a los mandos medios en caso de ser necesario.

«Las sanciones podrán ser de distinto tipo, desde multas hasta inhabilitaciones o apercibimientos», añadió.

Esta ley permite, a partir de los protocolos, crear un registro en el que aparecerán las empresas, organizaciones o personas que hayan sido sancionadas: «Así podremos conocer quiénes son o cuáles son los establecimientos donde ya sucedieron conductas de violencia».

Certificado de Empresa Libre de Violencia

La ley aprobada no solo apunta a preservar a los trabajadores o sancionar a las empresas donde se ejerza acoso laboral, sino también a resaltar a toda organización pública o privada donde se trabaje de manera adecuada.

Por este motivo, las firmas que quieran participar del programa podrán obtener una certificación de Empresa Libre de Violencia.

Para acceder al certificado de «Empresa Libre de Violencia y Acoso Laboral», la empresa debe acreditar, además de lo dispuesto por la reglamentación correspondiente, los siguientes requisitos:

• la constitución y regular funcionamiento de los Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo creados por la Ley 12913, cuando este sea exigible;
• capacitación de delegados y delegadas en los cursos de prevención que organice la autoridad de aplicación, en un plazo no superior a dos años desde la fecha de solicitud de la certificación;
• acreditación de inexistencia de sanciones administrativas y sentencias judiciales condenatorias en materia de violencias y acoso laboral.

El certificado tendrá una vigencia de tres años.

Quiénes estarán en condiciones de presentar denuncias en caso de sufrir acoso laboral

• las personas que trabajan, cualquiera sea su situación contractual;
• las personas en formación, con inclusión de pasantes y aprendices;
• las personas despedidas;
• las personas voluntarias;
• las personas que estén en búsqueda de empleo y las postulantes a un empleo;
• las personas que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador;
• otras personas del mundo del trabajo

Por José Curiotto / Aire Digital