La Legislatura de Santa Fe sancionó este jueves la ley que declara la emergencia hídrica en todo el territorio provincial hasta el 30 de abril de 2027, con la posibilidad de extenderla por otros seis meses si persisten las condiciones que motivaron la medida. La norma fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras y busca agilizar la respuesta estatal ante eventuales excesos hídricos asociados al fenómeno de El Niño.
La declaración establece un régimen de excepción que permitirá acelerar la ejecución de obras, contrataciones y otras intervenciones destinadas a prevenir, aliviar y mitigar los efectos de las lluvias intensas y las posibles crecidas. También contempla eventuales situaciones de emergencia ambiental derivadas del escenario hídrico.
El proyecto había recibido la media sanción del Senado una semana antes y fue convertido en ley este jueves por la Cámara de Diputados. Durante el debate hubo diferencias entre oficialismo y oposición sobre distintos aspectos de la norma, aunque todos los bloques acompañaron la declaración de emergencia.
Entre las principales herramientas previstas, la ley amplía las facultades del Poder Ejecutivo para disponer medidas de prevención y atención inmediata de las personas afectadas. También habilita la asistencia a municipios que enfrenten situaciones derivadas de la emergencia.
Además, los organismos provinciales podrán proyectar, contratar y ejecutar obras como limpieza de canales, construcción de terraplenes y defensas, alteos, canalizaciones, lagunas de retardo, endicamientos de cursos de agua y trabajos sobre caminos rurales, vías de comunicación y accesos terrestres, entre otras intervenciones.
La norma establece procedimientos especiales y de carácter urgente para la contratación de bienes, servicios y equipamiento, así como para las obras de infraestructura vinculadas con la emergencia. Los mecanismos deberán contemplar criterios de selección y adjudicación y garantizar la transparencia, igualdad, concurrencia y competencia entre los oferentes.
En situaciones en las que no exista más de un proveedor disponible y la urgencia lo requiera, se podrá contratar directamente al oferente que garantice la realización del trabajo o la provisión del bien o servicio.
La ley también faculta al Ministerio de Obras Públicas a otorgar subsidios y aportes no reintegrables a municipios y comités de cuenca, mediante procedimientos abreviados. Esos fondos deberán utilizarse para obras, maquinaria y equipamiento destinados a mitigar riesgos hídricos.
Además, se crea el Fondo de Emergencia Hídrica, que estará integrado por partidas presupuestarias, aportes del Tesoro Nacional y otros recursos destinados a afrontar la emergencia.
Entre las herramientas incorporadas por la Legislatura se encuentra la posibilidad de establecer restricciones transitorias sobre bienes privados cuando sean necesarias para ejecutar obras destinadas a proteger a la población, garantizar la seguridad de personas y bienes o restablecer vías de comunicación.
La ley también declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en las zonas donde se ejecuten obras vinculadas con la emergencia o en sus adyacencias. El Poder Ejecutivo podrá determinar qué propiedades resultan necesarias para esos proyectos.
La declaración se fundamenta en informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre la continuidad de la fase cálida del fenómeno El Niño. Según el mensaje del Ejecutivo, los modelos meteorológicos indicaban una probabilidad cercana al 100% de continuidad durante el trimestre julio-agosto-septiembre de 2026. Un informe presentado el 21 de julio también señaló que las probabilidades de continuidad se mantenían cercanas al 100% durante el resto del año y que aumentaban las posibilidades de una intensidad fuerte o muy fuerte desde la primavera.
Durante el debate en Diputados, el legislador José Corral advirtió sobre las previsiones de lluvias superiores a los valores normales y recordó antecedentes de episodios de El Niño que provocaron evacuaciones y situaciones de emergencia en la provincia.
Desde la oposición, Fabián Palo Oliver cuestionó la posibilidad de prorrogar la emergencia por decisión del Ejecutivo, mientras que Marcos Corach acompañó la iniciativa pero planteó críticas sobre obras hídricas que, según sostuvo, no fueron ejecutadas. Otros legisladores también expresaron reparos sobre prioridades de infraestructura, aunque finalmente la norma fue aprobada por unanimidad.
La ley crea además una Comisión Bicameral de Seguimiento, integrada por tres diputados y tres senadores, que tendrá a su cargo controlar la implementación de la norma, el uso del Fondo de Emergencia Hídrica, las obras, contrataciones y los recursos destinados a los gobiernos locales.
El régimen de excepción tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2027, con posibilidad de una prórroga de seis meses si continúan las condiciones que dieron origen a la emergencia.
