La Justicia Federal ordenó frenar durante seis meses la aplicación del plan de reorganización del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), que contemplaba cierres de dependencias, reducción de áreas y posibles despidos de personal. La medida cautelar fue dictada tras una presentación realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Entre los principales puntos de la normativa cuestionada se encontraban el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), la eliminación de nueve agencias territoriales y la transferencia de inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), medidas enmarcadas en el proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno nacional.

La resolución lleva la firma del juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, quien dispuso la suspensión inmediata de la Resolución 20/2026 promovida por el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich.

Al fundamentar su decisión, el magistrado sostuvo que la resolución presenta indicios de arbitrariedad e ilegalidad, debido a la falta de fundamentos suficientes, la utilización de normas cuya vigencia fue puesta en duda y posibles contradicciones con la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Además, advirtió que las medidas podrían afectar derechos vinculados al acceso a la ciencia y la tecnología, la agricultura familiar, la alimentación, el empleo y la estabilidad laboral en el ámbito estatal.

En consecuencia, la cautelar impide al Inta avanzar con la eliminación de dependencias y funciones, los traslados de trabajadores, los pases a disponibilidad, las desvinculaciones de personal técnico y cualquier acción vinculada con la transferencia, venta o subasta de bienes inmuebles y equipamiento.

El fallo también impacta sobre la política de reducción de personal que el organismo había comenzado a implementar. En las últimas semanas, el Inta puso en marcha un programa de retiros voluntarios dirigido a empleados de planta permanente, como parte del ajuste aplicado en distintos organismos públicos.

Ese esquema, aprobado por el Consejo Directivo y oficializado mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, establecía una gratificación extraordinaria equivalente a un salario y medio por cada año trabajado para quienes acreditaran un mínimo de tres años de antigüedad.

La iniciativa también contemplaba que los agentes que aceptaran el retiro voluntario no pudieran volver a desempeñarse en el Sector Público Nacional durante cinco años, con excepción de cargos docentes en universidades nacionales. Según denunciaron organizaciones gremiales, el objetivo era reducir la dotación del organismo en alrededor de mil trabajadores.

Desde ATE celebraron la decisión judicial. El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, afirmó que la resolución vuelve a poner en discusión la legalidad de las medidas adoptadas por el Ejecutivo y ratificó que la organización continuará cuestionando en distintos ámbitos las políticas de ajuste aplicadas sobre organismos considerados estratégicos para el Estado.