La decisión del gobierno nacional de eliminar los subsidios que compensaban a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes oncopediátricos y personas trasplantadas generó rápidamente reacciones políticas y preocupación entre organizaciones vinculadas al sector.
En las últimas horas se presentó en el Congreso un proyecto para pedir que se deje sin efecto la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, que eliminó el régimen de compensaciones económicas vigente desde 2018.
La iniciativa solicita además que se restablezcan mecanismos para garantizar de manera efectiva el acceso al transporte gratuito contemplado por distintas leyes nacionales.
Qué cambia con la resolución
La medida, publicada esta semana en el Boletín Oficial, elimina los subsidios que el Estado nacional otorgaba a las compañías de transporte para cubrir parte del costo de los boletos gratuitos obligatorios.
Sin embargo, el gobierno aclaró que las empresas siguen obligadas por ley a entregar pasajes sin cargo a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera, y niños y adolescentes con cáncer. La diferencia es que ahora las compañías deberán absorber completamente esos costos.
La resolución se enmarca dentro del esquema de desregulación y “libertad tarifaria” impulsado por el gobierno de Javier Milei.
El pedido para retrotraer la medida
El reclamo legislativo advierte que la eliminación de subsidios puede afectar el acceso real al derecho al transporte, especialmente en personas que viven fuera de grandes centros urbanos y necesitan viajar para tratamientos médicos, rehabilitación o controles de salud.
“Hablar de movilidad en estos casos es hablar de calidad de vida, acceso a tratamientos médicos, rehabilitación, educación e integración social”, planteó el diputado santafesino Diego Giuliano, quien presentó, junto con otros legisladores, el proyecto de resolución para dejar sin efecto la medida de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación.
El legislador agregó además: “El transporte gratuito destinado a personas con discapacidad, personas trasplantadas y pacientes oncopediátricos no constituye un privilegio, sino una herramienta concreta de inclusión, accesibilidad y garantía de derechos fundamentales”.
En otro tramo del planteo, Giuliano cuestionó que la decisión se haya tomado “desde una lógica puramente contable” sin considerar el impacto humano y sanitario.
“Cuando el Estado mira derechos humanos desde la lógica de una planilla de Excel, deja de mirar personas para mirar exclusivamente números”, afirmó.
Las leyes que siguen vigentes
Aunque se eliminaron los subsidios, las obligaciones legales continúan vigentes.
El acceso gratuito al transporte de larga distancia está contemplado por:
- la ley 22.431 de discapacidad,
- la ley 26.928 para personas trasplantadas,
- y la ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.
Las normas establecen además que, en determinados casos, el beneficio puede extenderse a un acompañante.
La preocupación por antecedentes previos
La decisión oficial también reactivó temores por antecedentes registrados en años anteriores. Empresas de transporte ya habían advertido en distintas oportunidades que los subsidios resultaban insuficientes para cubrir el costo de los boletos gratuitos.
En algunos casos se restringieron cupos, hubo demoras, o directamente pasajeros denunciaron dificultades para acceder al beneficio.
Ahora, con la eliminación total de las compensaciones económicas, sectores vinculados a discapacidad y salud temen que las dificultades puedan profundizarse pese a que el derecho continúe vigente sobre el papel.
