El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Agustín Nigro, brindó detalles sobre la investigación que busca llevar a juicio en Santa Fe a siete personas acusadas de organizar una red internacional de juego online ilegal, liderada por dos ciudadanos brasileños que operaban desde su país.
Según explicó, la causa permitió identificar a los responsables de crear dos sociedades comerciales que simulaban ser recaudadoras de pagos, pero en realidad captaban apuestas para financiar un casino virtual no autorizado. “Estas plataformas no tenían barreras ni controles. Detectamos menores apostando, y eso fue lo que nos llevó a profundizar la investigación”, señaló.
Este domingo el MPA comunicó que la jueza Cecilia Labanca que la acusación a los siete presuntos participantes fue admitida tras una audiencia preliminar que se realizó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
La investigación por el juego online ilegal se dirige a «prevenir el daño a la comunidad»
Nigro remarcó que el MPA no busca solo sancionar un delito económico, sino proteger a la comunidad del daño que genera el juego ilegal: “El peligro que tratamos de prevenir no es el daño patrimonial, sino el daño social. El Estado regula el juego para evitar riesgos, como la ludopatía y la participación de menores”, subrayó.
Investigación en Santa Fe de una estructura internacional
La investigación determinó que los dos hombres brasileños —que residen en su país— eran los líderes de las compañías extranjeras utilizadas para canalizar las apuestas. Además, se identificaron cinco ciudadanos argentinos que habrían colaborado con la organización localmente.
Agustín Nigro, fiscal que investiga la balacera
De acuerdo con la acusación, el grupo operó entre abril de 2023 y octubre del año pasado, durante lo cual se bloquearon 385 sitios web vinculados a las operaciones ilegales. El 20% de las transacciones correspondía a adolescentes de alrededor de 15 años, mientras que la edad promedio de los usuarios era de 24 años.
Pedidos de penas por el juego online
El MPA solicitó penas de hasta cinco años y seis meses de prisión para los dos ciudadanos brasileños, quienes son considerados los principales responsables, y penas menores para los cinco argentinos según su grado de participación.
Una vez que la resolución quede firme, el caso avanzará hacia el juicio oral y público, donde el fiscal Nigro representará al MPA y presentará la prueba obtenida durante la investigación.
